Además, el documento firmado por estos partidos indica que se autoconvocarán si el Ejecutivo no convoca a una sesión especial para que el Congreso trate la crisis en el BCRA. En un guiño hacia las fuerzas de centro izquierda, Carrió advirtió que no se oponen a la conformación de una comisión que investigue la legalidad de la deuda.
Acusación. En ese sentido, Pinedo fundamentó la iniciativa en "lo increíble es que Aníbal Fernández le diera instrucciones a la policía para que no cumpliera las órdenes de la Justicia, alegando que eran inconstitucionales los fallos".
El pedido de juicio político es por la intervención -presuntamente ilegal- de Aníbal Fernández en dos casos judiciales que tuvieron alta trascendencia política: la pelea en el gremio de los aeronavegantes y el conflicto por los decretos presidenciales que ordenaron el uso de reservas para pagar deuda pública y removieron al titular del Banco Central, Martín Redrado; dos decretos que la jueza María José Sarmiento dispuso dejar sin efecto.
En el primer caso, Fernández ordenó que la policía incumpliera el fallo de un juez que había dispuesto un desalojo. El jefe de Gabinete dijo que había decidido desobedecer la orden por inconstitucional.
En el segundo, lo acusan de haber ordenado apostar un patrullero frente al domicilio particular de Sarmiento, algo que ella no había pedido, como un gesto de intimidación. Ese día un subcomisario tocó timbre en la casa de la jueza y le dijo que el jefe de Gabinete y la presidenta Cristina Kirchner le mandaban la apelación.
Está claro que el pedido de los diputados de la oposición no se hará efectivo porque necesitan una mayoría especial, que no tienen, pero es toda una señal política.