reservas congeladas en la Reserva Federal" que podía tener la transferencia de los casi US$ 6600 millones.
Un día después, Cleary Gottlieb, otro estudio que fue contratado por el Gobierno para representar sus intereses en los tribunales norteamericanos, había advertido que la decisión de crear el Fondo del Bicentenario podía "abrir la puerta para que los acreedores intenten nuevos embargos y bloqueos en las cuentas del BCRA".
Por su parte, la consultora internacional KPMG -que también asesora al gobierno nacional- había informado a las autoridades sobre el impacto que podía tener la medida en el patrimonio del Banco Central.
En la lista de voces que alertaron sobre lo que podía pasar hay que incluir la de María del Carmen Urquiza, jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Banco Central, quien el 30 de diciembre, antes de irse de vacaciones, dejó un escrito de doce páginas en el que advertía sobre las consecuencias de la decisión oficial. Entre otros puntos, Urquiza recomendaba no acatar la instrucción presidencial porque la Carta Orgánica del BCRA era clara en señalar que la entidad no puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo para ejecutar la política monetaria. "Se entiende aconsejable que esta institución aguarde la intervención parlamentaria", era la conclusión del informe de la especialista.
La última advertencia había llegado el lunes pasado, cuando desde el estudio Sullivan se comunicaron con el BCRA para informar que la decisión de Griesa de avanzar con los embargos era "inminente". El llamado igualmente no alcanzó para torcer el rumbo de los acontecimientos, ya que 24 horas después se conocía el fallo del juez neoyorquino.
Fuente : La Nacion
