La magistrada contravencional Rosa Elsa Parrilli fue ayer removida de su cargo por el jurado que instruyó en el juicio político que se le siguió por mal desempeño en sus funciones, a raíz de los insultos, las amenazas y la discriminación proferidos por la jueza a dos empleadas de una repartición porteña de tránsito cuando intentaba recuperar el auto que le había secuestrado la grúa.
La decisión fue tomada por 8 votos contra uno, y constituyó la primera destitución en la historia de un juez porteño. En 2005 fue enjuiciado el magistrado en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo, pero fracasó cuando el jury aceptó las nulidades planteadas por la defensa en la primera audiencia del proceso.
La defensa de Parrilli anticipó a LA NACION que podría llegar a recurrir la sentencia incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no prosperan las apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y la Corte Suprema de la Nación.
Ayer, fallaron a favor de la remoción de Parrilli los jueces Pedro Kesselman, Eduardo Awad y Leandro Vergara (representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital); Diana Maffía, Martín Borrelli y Raúl Puy (representantes de la Legislatura), y Eduardo Russo y José Casás (delegados del Poder Judicial). En cambio, el juez Guillermo Treacy, del fuero en lo contencioso administrativo porteño, desestimó la denuncia contra la magistrada.
De todas maneras, el jury sólo hizo público -con más de una hora de atraso- su veredicto y citó a las partes para el 5 de enero, a las 18, con objeto de "notificarles y entregarles por escrito los fundamentos" de la sentencia.
Ayer, Parrilli no estuvo presente en el momento de la lectura del veredicto, que insumió cuatro minutos. La decisión fue anunciada por la secretaria letrada del tribunal, María Roldán.
Concluido el trámite, algunos miembros del jurado explicaron la posición adoptada. El abogado Kesselman dijo a LA NACION que los ocho jueces consideraron que hubo mal desempeño porque Parrilli "invocó su condición de jueza y el poder de esa condición para decir clara y abiertamente que nunca paga nada, que ella es la que manda, y para hacer imputaciones y amenazas contra las dos empleadas".
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"Ejercicio desviado de poder"
Y agregó: "Me pareció un ejercicio desviado del poder, que no se compadece con un Estado de Derecho, y menos con la función judicial. Un juez debe ser un modelo social, sobre todo en las circunstancias actuales de trastrocamiento de valores".
Kesselman, que se dedica al derecho laboralista, también observó que él suele ver "violencia en el ámbito de trabajo, ejercida por personas con jerarquía superior, como ocurrió con la ex jueza, que no fue a hacer su planteo ante un gerente, sino que lo hizo ante el eslabón más débil de la cadena".
En tanto, el diputado Martín Borrelli señaló a LA NACION: "Nadie, ni siquiera el juez que votó en disidencia, compró la teoría de la intoxicación con un fármaco. La defensa no logró instalar la idea del consumo abusivo de un antidepresivo".
"En cambio, mereció alguna consideración si el mal desempeño se entendía solamente en ejercicio del cargo o no; pero todos terminamos aplicando la interpretación amplia de concepto de mal desempeño, que es una figura que se va construyendo y permite una ponderación que excede la calificación normativa típica", explicó.
Por el contrario, el abogado Julio Virgolini, uno de los dos defensores de Parrilli, opinó: "El fallo me decepcionó, quería un fallo valiente, con coraje, y no lo tuvimos. Ahora debemos esperar los fundamentos para analizar los recursos de apelación. Tenemos varias posibilidades, aunque todavía debo hablar con mi defendida sobre su postura. Yo estoy dispuesto a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que impulsó la denuncia contra Parrilli, prefirió ayer no hacer declaraciones acerca del fallo del jury.
En su lugar, el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sentenció: "Fue un fallo ejemplar, especialmente en algo tan sensible como la discriminación. Es destacable que la mayoría de los representantes de la Justicia en el jurado acompañaron la denuncia del gobierno".
Además de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, Montenegro radicó otra ante la justicia penal contravencional porteña por amenazas y discriminación. En ese expediente, la jueza fue beneficiada con una suspensión del juicio a prueba o probation , medida que fue apelada por el fiscal actuante.
En paralelo, las empleadas María Itatí Albes y Rocío Gómez iniciaron un juicio civil por daños y perjuicios contra Parrilli.
fuente lanacion