Coronavirus en Argentina. Ruralistas de Córdoba presentaron un amparo contra San Luis por bloquear rutas

de bloquear rutas que comunican ambas provincias con la excusa del coronavirus, que ya provocaron un muerto.

Los abogados Antonio María Hernández y Javier Quiroga, en representación de las sociedades rurales de Río Cuarto, de Vicuña Mackenna y la Asociación Civil de transportistas de Achiras denunciaron que se trata de una medida inconstitucional que afecta el transporte y la producción de la zona e incluso dejó bloqueada a una iglesia.

El abogado constitucionalista y ex diputado de la UCR Hernández y su colega solicitaron al juez que “disponga una medida cautelar innovativa” en la que le ordene al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá “la inmediata apertura de la Ruta provincial 30, de los caminos vecinales y de la Ruta nacional 8”.

“Estas medidas muestran el regreso al Medioevo, con terraplenes de 4 metros de altura y hasta una zanja…e incluso quedó cercada una Iglesia del Cuadrado y además el sacerdote no puede pasar”, comentó Hernández luego de presentar el amparo.

La presentación compara los terraplenes con el Muro de Berlín, por las “zanjas de más de un metro de profundidad, a modo de cortinas de hierro en el límite provincial, con el fin de impedir el paso de personas por cualquier medio a través del interior de los establecimientos rurales situados entre ambas provincias”.

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Actualmente la gente cruza cómo puede, incluso por el interior de los propios campos a pie, en bicicleta, a caballo, dejando sus vehículos en el límite, por medio caminos improvisados. La provincia de San Luis ha dictado diferentes protocolos para el ingreso y egreso de personas con residencia real dentro y fuera de sus límites. Estas “medidas unilaterales y arbitrarias se han dictado sin tener en cuenta las situaciones reales o sin conocimiento de la verdadera interrelación de todo tipo; comercial, agropecuaria, industrial, familiar que existe entre las dos provincias y particularmente, en nuestro caso, entre el departamento Rio Cuarto y toda la amplia zona limítrofe del territorio puntano”, indicaron en un escrito.

A modo de ejemplo, “para al sector agropecuario se dictó un protocolo que restringe el ingreso a la provincia dando diferentes opciones como son la cuarentena de 14 días o un hisopado, que además son a cargo de las personas afectadas. Estas medidas son contradictorias entre sí, todas sumamente costosas, arbitrarias e imposibles de cumplir, ya que no son compatibles con ningún comercio lícito”, señalaron los abogados.

Para la circulación interna dentro de la provincia “existe asimismo un permiso especial, el cual caduca una vez que se egresa de la provincia, (previa Autorización de Egreso), y nuevamente comienza el ciclo, para luego nuevamente ingresar”.

“Claramente subyace lo inviable de esta metodología dado los tiempos que requiere la actividad agropecuaria, que produce en ciclos biológicos, que necesitan, en épocas determinadas, monitoreo e intervenciones constantes, diarias e intensivas”, agregaron los letrados.

Afirmaron que “en el caso particular de la actividad agropecuaria, el riesgo de trasmisión es muy bajo. Para el desarrollo de la misma no es necesaria la concentración de personal, no se está en contacto directo ni masivo con poblaciones cercanas, es una actividad que se realiza al aire libre con gran distanciamiento entre los operarios”.

“De igual manera ocurre con el sector de transporte, que está sufriendo medidas tan arbitrarias que resultan dificultoso seguir desarrollando su actividad, tal es así que se los obliga a recorrer 120km desde la localidad de La Punilla hasta Santa Rosa del Conlara o la ciudad de Villa Mercedes para realizar una desinfección exterior de sus vehículos, de dudosa efectividad, produciendo costos exorbitantes en relación a las tarifas de sus fletes y esfuerzos innecesarios e injustificados, produciendo así perjuicios económicos y en relación al tiempo que conlleva el ejercicio de su labor”, finalizaron.