Unos 19.500 ancianos que vivían en geriátricos murieron por coronavirus. Eso significa que casi el 72% de las muertes registradas enEspañase han producido en estos establecimientos. Por
sí mismo ya es un desastre, pero, comparado con otros países de Europa, es una catástrofe absoluta.
No hay ningún país europeo cuya contabilidad oficial alcance un porcentaje similar. Con datos actualizados, en Alemania los fallecimientos en residencias constituyen el 35% del total registrado en aquel país; en Francia, el 50% (esta cifra está en cuestión), y en Bélgica, el 55%. En Inglaterra y Gales, la cifra se sitúa en el 16% y en Escocia, en el 46,5%. Portugal se queda en un 40% de todos los fallecidos.
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Solo Italia podría acercarse a España, pero sus problemas para ofrecer datos concluyentes son aún peores que el caso español.
El Instituto Superior de Sanidad italiano hizo público el jueves un informe basado en estimaciones a partir de una encuesta a la que no respondió ni la mitad de las residencias. Los resultados no son solventes.
Sin embargo, esta misma encuesta pone en evidencia cuánto en común han tenido su crisis y la española: falta de médicos y personal, falta de material de protección, falta de infraestructura y dificultades para trasladar a los enfermos de las residencias a los hospitales.
La plataforma AGE, a la que están vinculadas todas las asociaciones de gente mayor de los países comunitarios, lleva semanas clamando contra la situación que se ha vivido y se vive aún en las residencias de ancianos del continente y contra la discriminación que estas han sufrido en determinados momentos.
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Las cifras hablan por sí solas de lo ocurrido en las residencias en España: en la Comunidad de Madrid, el 18% de los residentes ha muerto a causa de Covid-19, según la información comunicada al Ministerio de Asuntos Sociales. El segundo lugar de esta lista lamentable lo ocupa Cataluña, con un 9% de fallecidos.
Para hacerse una idea de lo que significan estas cifras: hasta ahora en España se ha reconocido oficialmente la muerte de 28.322 personas por Covid-19. Sobre el conjunto de la población eso significa un 0,05% de sus habitantes. Esta cifra queda muy lejos del 9% de los usuarios de las residencias catalanas y aún más de 18% de las residencias madrileñas. Dicho al revés: si el impacto letal de la enfermedad entre los usuarios de las residencias en el caso más extremo, el de Madrid, se aplicase al conjunto de la población española, habrían fallecido ochocientas mil personas.
Esta extrapolación es exagerada, claro está, porque no todos los grupos de edad han sufrido el mismo castigo. Los ciudadanos de más edad son las principales víctimas del desastre.
Un informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de finales de mayo señala al segmento de mayores de 80 como el que ofrecía más casos declarados y el mayor número de decesos, el 21%.
Sin embargo, menos de la mitad (un 44%) de los contagiados de este grupo llegaron a pisar un hospital, según este mismo informe. El resto sufrieron la enfermedad o fallecieron en casa o en las residencias de ancianos. ¿Cuántos de ellos no llegaron al hospital por una decisión médica acorde con la situación física de los pacientes, porque se juzgó que el traslado y el tratamiento podrían infligir más daños? ¿Y cuántos fueron víctimas de una discriminación genérica, como afirman familiares y directores de residencias? Nadie lo sabe y es probable que nunca se sepa.
La batalla legal y política que se viene
Este será el objeto de la batalla legal y política de los próximos meses y años. Como cada semana, la Fiscalía General del Estado hizo público el viernes el recuento de demandas civiles y penales con relación a las residencias de ancianos. Pese a que cada semana se archivan, cada vez se acumulan más casos. Suman ya 224, según fuentes de la Fiscalía. Buena parte de ellas, en Madrid, en lo alto de la lista de casos, y en Cataluña.
En esta comunidad, la Fiscalía investiga ya a cuatro centros hospitalarios –todos ellos en el Vallès– con el propósito de aclarar los criterios por los que se decidió quién ingresaba y quién no en las unidades de cuidados intensivos.
Del mismo modo también está bajo la lupa de la justicia algún centro sociosanitario de Barcelona adonde eran transferidos desde los hospitales los ancianos a los que se había recetado paliativos.
Los médicos que han estado en primera línea de la batalla pueden ser los grandes afectados por estas investigaciones judiciales si llegan a prosperar. “A este paso, en el brote que vendrá en otoño consultaremos cada ingreso con el juez, a ver qué pasa entonces”, dice con sorna una doctora que pide el anonimato.
Más aún si los dirigentes políticos deciden trasladar toda la responsabilidad sobre los posibles casos de discriminación a los sanitarios. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde diversos documentos probarían que hubo una discriminación orquestada, ya se puso en guardia hace una semana en la Asamblea de la Comunidad cuando afirmó que “un político no le puede decir a un médico qué paciente ingresa o cuál no”. Es decir, que si hubo alguna decisión conflictiva no la tomaron ni ella ni su equipo, sino que fue cosa de los médicos.
En Cataluña, tal vez debido a la gravedad de los acontecimientos en Madrid, la crisis de las residencias parece haber entrado en una vía muerta a la espera del pleno específico que se celebrará en el Parlament la segunda semana de julio.
Mientras, entre las direcciones y los propietarios de las residencias, las primeras protestas parecen haberse suavizado a medida que la situación ha mejorado y el apoyo del sistema público de sanidad se ha reforzado.
Una guerra entre las residencias y la administración es inviable porque, en definitiva, este es un negocio que depende esencialmente del sistema público y, con más razón a partir de ahora, en el que deberán aplicarse una serie de medidas preventivas para evitar otros brotes que, sin el apoyo público, harían económicamente inviables muchos de estos establecimientos.
Por Ignacio Orovio, Jaume V. Aroca y Santiago Tarín, Barcelona
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