El procedimiento penal abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir manifestaciones como la del 8-M pese al avance del coronavirus, vive sus horas decisivas. Aunque
la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, apreciaba claros indicios de un posible delito de prevaricación administrativa por omisión, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC la declaración de Franco el miércoles y las testificales de tres de sus jefes de área en la Delegación -en particular, la del jefe de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas-, no permiten demostrar que el investigado tuviera un «conocimiento cierto y objetivo» del peligro para la salud pública de los actos que se desarrollaron esos días previos al estado de alarma. En estas condiciones… Ver Más
FUENTE DIARIO ABC:
