En España, el virus que nos desvela llegó a la Justicia. El Tribunal Supremo recibió ya más de 15 acciones penales, entre denuncias, querellas y demandas, contra el
gobierno de coalición que lidera el Pedro Sánchez por la responsabilidad que podrían implicar varias de sus decisiones en la gestión de la emergencia sanitaria que provocó el Covid-19.
Los tribunales también acopian denuncias contra la Comunidad de Madrid y contra los responsables de varias residencias de mayores, focos geográficos sensibles donde el virus atacó sin piedad.
España lo detectó en su territorio a finales de enero. Desde entonces, los españoles lloran a más de 27.000 muertos por la epidemia.
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Tenerla bajo control desde el punto de vista sanitario es, tal vez, lo que disparó la judicialización de la pandemia.
Una avalancha de denuncias nunca vista
En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que preside el juez Manuel Marchena -el mismo que sentó en el banquillo a los líderes independentistas catalanes-, nadie recuerda que se haya recibido una avalancha semejante de acciones penales en tan poco tiempo y motivadas por el mismo hecho: la gestión de la emergencia sanitaria.
Por la misma causa, el defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, ya acumuló más de mil quejas.
Una de las querellas que recibió el Tribunal Supremo esta semana fue la que presentaron once abogados de diferentes lugares de España que, en nombre de 3.268 familias en las que uno de sus integrantes murió por Covid-19, acusan a Pedro Sánchez y a los 22 ministros de su gabinete de homicidio por imprudencia, un delito que en España está penado con prisión.
“Presuntos responsables criminalmente de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave”, dice la querella.
“Hasta el momento, miles de familias que han perdido uno o más familiares como consecuencia del Covid-19, van a personarse como acusación particular en esta querella, pidiendo para cada imputado una pena de entre tres meses y quince años, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos”, agrega el escrito que, en concepto de responsabilidad civil, propone el pago a cada familia querellante de una indemnización de entre 50.000 y 300.000 euros.
Agrupados en la plataforma Marea de Residencias, más de veinte familias de personas mayores que viven en residencias presentaron también una querella colectiva pero contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero y contra diez directores de residencias privadas, subvencionadas y públicas.
“En la Comunidad de Madrid, los fallecidos en residencias a principios de mayo ascienden a 7.092, 5.688 por coronavirus, que representan casi el 50 por ciento de los fallecidos en residencias en todo el país”, dicen los familiares, que atribuyen a las autoridades madrileñas los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
El Consejo General de Enfermería de España presentó su propia querella contra el presidente y el ministro de Sanidad por el altísimo porcentaje de personal sanitario contagiado por falta de equipos de protección.
Lo mismo hizo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que denunció, además, haber utilizado sin saberlo material de protección descartable fallado. Se trataba de un lote de barbijos que el gobierno retiró de circulación apenas detectó la falla.
“Existe una presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades”, argumentan.
El último balance del coronavirus en España al 13 de mayo. / dpa
Otras denuncias, si finalmente llegan a convertirse en causas penales, señalan a Pedro Sánchez responsable, entre otros delitos, de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional, al haber permitido las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, seis días antes de declarar el estado de alarma y blindar al país entero en sus casas.
A su vez, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios presentó una querella contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Lo acusan de haber cometido los delitos de homicidio imprudente y lesiones contra los trabajadores por infringir las normas de prevención de riesgos.
Protesta de profesionales sanitarios en Barcelona. / EFE
Por los mismos motivos, la escasez de equipos de protección individual a lo que se sumó la muerte de cuatro agentes, la Asociación Profesional de la Guardia Civil presentó la suya contra el ministro de Sanidad y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Protesta callejera, pero en auto
Desde que Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, hace casi ya dos meses, Vox, el partido de ultra derecha liderado por Santiago Abascal, no pierde ocasión para agitar la bandera de los tribunales en contra del actual gobierno de coalición.
Abascal lleva semanas pidiendo la renuncia completa del Ejecutivo y la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Dijo que iniciará acciones legales “contra Pedro Sánchez y su gobierno liberticida por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad”.
Vox lleva días tentando a la principal fuerza política de la oposición, el Partido Popular, para arrastra a Sánchez a una moción de censura. Y ya anunció para el sábado 23 de mayo una movilización, en auto o en moto para evitar quebrar el distanciamiento social que gobierna en la era covid, “contra el gobierno socialcomunista”.
“Deberían irse a su casa, con sus abogados, y que se preparen para defenderse ante los tribunales”, les dice Abascal a Sánchez y a sus ministros.
Madrid. Corresponsal
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