El Senado boliviano afinaba este viernes una ley de convocatoria a nuevos comicios generales y para la elección de autoridades del organismo electoral, un paso esencial para pacificar el país, inmerso
en protestas políticas con enfrentamientos que en un mes han dejado 32 muertos, y tras otra jornada violenta en La Paz.
Una comisión de la Cámara alta se encuentra en la fase final para concertar esta ley, que podría aprobar en las próximas horas.
“Esperamos terminar este viernes el trabajo de comisión y presentar (el proyecto) a la plenaria en el Senado”, afirmó la noche del jueves el senador oficialista y presidente de una comisión interpartidaria Oscar Ortiz.
Tras su aprobación en el Senado, la ley deberá pasar a Diputados y luego, en un último paso, ser remitida al Poder Ejecutivo para su sanción constitucional.
Marcha en La Paz, este jueves, por los muertos en enfrentamientos en la planta de YPFB, en El Alto. / Foto: Rolando Andrade Stracuzzi
Pero la comisión de parlamentarios oficialistas y del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidenteEvo Morales, aún no logra acordar cuándo llamar a elecciones ni si del proceso podrá participar el exgobernante, asilado en México desde el 10 de noviembre, a pesar de que el propio ex vice Álvaro García Linera avisó que ni él ni el ex mandatario no serán candidato.
Sí hay acuerdo en renovar la totalidad de los siete ministros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la detención de sus autoridades por delitos electorales.
Ortiz considera que ni Morales ni su vicepresidente Álvaro García, también asilado en México, pueden participar de los comicios, porque la Constitución sólo permite una sola reelección, ya cumplida por ambos.
Luego de 13 años en el poder, Morales buscó un nuevo mandato en las elecciones del 20 de octubre. Pero tras un triunfo cuestionado, con denuncias de fraude que encendieron las calles, el exgobernante aymara terminó renunciando el 10 de noviembre bajo presión de los militares.
Tensión en El Alto
“Marcha de los féretros” en La Paz
Mientras los parlamentarios trabajan en una ley, la tensión sigue en la ciudad de El Alto -vecina de La Paz-, donde el martes se registraron ocho muertos tras un operativo policial-militar para sacar combustible de una planta de petrolera cuyo acceso estaba bloqueado por los locales.
El Ejército se mantiene en alerta luego de que miles de manifestantes de El Alto, leales a Morales, marcharon el jueves hasta La Paz con los ataúdes de cinco de los ocho muertos.
Represión en la manifestación en La Paz del jueves. / AFP
Los dolientes clamaron “¡justicia, justicia!” en su caminata de 15 kilómetros, mientras agitaban la bandera ‘Wiphala, símbolo multicolor de los pueblos originarios bolivianos.
La policía los dispersó con gases lacrimógenos cuando trataron de colocar uno de los féretros sobre una tanqueta militar. Unas 20 personas fueron detenidas.
Siguen los bloqueos
AFP
Asimismo, en seis de los nueve departamentos del país se registran bloqueos de carreteras contra la presidenta interina Jeanine Añez, quien se juramentó aduciendo el abandono de Morales a su cargo.
Esto ha provocado una fuerte escasez de alimentos. En La Paz, por ejemplo, se pueden observar desde la última semana largas filas en los mercados de abasto así como en las estaciones de servicio.
Dardos contra México
Los conflictos en Bolivia han motivado que el gobierno interino dirija sus dardos hacia México, donde Morales está asilado y no cesa de hacer declaraciones vía Twitter o a través de entrevistas con medios extranjeros.
La Paz está furiosa con la administración de Andrés Manuel López Obrador por permitirle al exjefe de Estado efectuar declaraciones que a su juicio evidencian una “actividad conspirativa” contra el gobierno provisorio de la derechista Añez.
Por esta razón, la cancillería presentó el jueves “su protesta formal ante el Estado de México por la violación de los principios que rigen la institución de asilo político“.
Bolivia entiende que su queja se ampara en la Declaración sobre el Asilo Territorial, de 1967, en la que se estipula que los Estados no permitirán que las personas que hayan recibido asilo se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, entre ellos el de la integridad territorial.
Morales ha sido acusado por el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, de instigar el cerco a las ciudades y cortar la distribución de alimentos.
Murillo mostró un video en el que supuestamente se escucha hablar a Morales con un líder cocalero brindando instrucciones para ese fin.
El exgobernante, quien se autonombró como “presidente en el exilio” mientras el Parlamento no apruebe oficialmente su renuncia, calificó las denuncias como un montaje con el fin de enjuiciarlo en algún tribunal internacional.
Fuente: dpa y AFP
AP
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