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Los imputados por el fiscal son Boudou, en tanto fue director ejecutivo de la ANSeS, quien lo sucedió en ese cargo, Diego Bossio, y Sergio Chodos, ex encargado de administrar el Fondo de Garantía de la ANSeS (donde se acumulan más de $ 120 mil millones) y actual director del Banco Central.

Boudou fue denunciado en septiembre pasado por el diputado Claudio Lozano (CTA-Proyecto Sur), quien reveló que el organismo que administra las jubilaciones y pensiones compró bonos de la deuda cuya adquisición está vedada, a fin de "inflar" los resultados de los últimos canjes de títulos ideados para aplazar pagos. Las operaciones rondan los $2.000 millones, y la ANSeS habría perdido plata al comprar a precios superiores a los de mercado.

La denuncia quedó en el juzgado a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid, quien le delegó la investigación a Pollicita. El fiscal firmó el pasado 22 de diciembre un escrito en el que delimitó la investigación y así quedaron formalmente imputados los funcionarios.

Lozano había denunciado a la ANSeS por haber comprado préstamos garantizados (PG), algo que prohíbe la ley 24.241 que rige el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, y que el ente jubilatorio igual realizó al amparo de un decreto reglamentario del año pasado. Lozano había dicho que el Ejecutivo incurrió así en "un hecho inadmisible, ya que un decreto no puede modificar ni alterar el espíritu ni la letra de una ley".

Además del cuestionamiento institucional, Lozano denunció que los bonos fueron comprados "a un valor que nadie conoce" porque "no cotizan en el mercado secundario, como deben hacerlo todos los que se compren con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS".

El diputado cercano a Pino Solanas analizó la información oficial sobre los canjes de deuda y a pesar de que no hubo detalles sobre la operatoria puntual con los PG, Lozano calculó que "el fondo debió haber comprado entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 unos $2.173 millones" en esos papeles, que en su mayoría acumulaban bancos locales y financistas.

A partir de la denuncia, Pollicita pidió medidas de prueba:

Que el organismo administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad remita copia certificada de las órdenes de adquisición de los PG luego presentados al canje en enero y febrero de 2009. Ese informe debe tener la nómina de entidades con las cuales operó PG, la cantidad de operaciones, el monto de cada una y además que se identifique a las entidades financieras y sociedades de bolsa que ofertaron PG al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que se establezca cuales se aceptaron.

Que la Oficina Nacional de Crédito Público informe sobre los canjes de deuda con el Tesoro Nacional de instrumentos de crédito público en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino realizados entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009. Se debe precisar especies, montos, precios y fecha de las operaciones. Asimismo, se requiere un informe que precise las características de emisión de los PG.

Que la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social informe si en las reuniones desarrolladas allí, se debatió sobre transacciones realizadas al amparo del decreto 2103/08 o en violación a la ley 24241.

Según la denuncia, para esos bancos y acreedores privados del Estado "no tenía sentido canjear títulos que amortizaban (se pagaban) entre mayo y junio de 2009 por otros que se amortizarán en 2014 y con valor presente de la mitad de lo que se cobraría en unos meses". Por eso, la ANSeS habría intentado "convencerlos" pagándoles más, aunque el detalle del precio no se informó. "Es un tipo de operatoria muy oscura porque no hay registros públicos ni precios que pueda conocer todo el mundo. Son contratos entre privados y puede haber habido un desfalco gigantesco", dijo Lozano. Y agregó las operaciones se hicieron a través de la sociedad de bolsa Facimex, "que siempre apareció vinculada con las historias más negras del mercado financiero".

Fuente : Clarin