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 Monumento. Fernando Abal Medina era un nacionalista católico que, conforme al clima de la época, fue girando hacia el peronismo y la lucha armada. Fue el primer jefe de Montoneros y tuvo a su cargo la ejecución del general Pedro Aramburu, en la casa de campo de Carlos Ramus.
Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros y principal “bronce” de la guerrilla peronista, encabeza los nuevos listados de desaparecidos elaborados por el kirchnerismo, que han sido ordenados como anexos del Nunca más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) creada en 1983 por Raúl Alfonsín.

Abal Medina figura en esos nuevos listados como víctima de “ejecución sumaria”, una categoría creada por la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se refiere a personas muertas antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Abal Medina, de cuya muerte se cumplen cuarenta años este martes, no está sólo: en 2006, cuando el nuevo Nunca más fue dado a publicidad por el Gobierno, lo acompañaban 525 personas que también eran consideradas víctimas de “ejecución sumaria”.

Había de todo: víctimas de grupos paramilitares, como la Triple A, pero también guerrilleros muertos en tiroteos con la Policía y mientras atacaban cuarteles militares durante los gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976.

Entre ellos, figuraban ocho de los doce guerrilleros caídos en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29, ubicado en los suburbios de Formosa, en la siesta del domingo 5 de octubre de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón.

La decisión de Kirchner de “actualizar” los listados del Nunca más trasciende los objetivos originales de la Conadep. El decreto de Alfonsín había establecido que debía abocarse a “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país” en la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.

Pero es congruente con la vocación del kirchnerismo de reescribir la historia de los setenta en favor de los jóvenes que dieron su vida por una Argentina mejor, más libre e igualitaria, de los cuales los Kirchner, sus funcionarios y sus aliados se consideran los legítimos herederos.

Más allá de esa decisión, la verdad histórica, por lo menos hasta ahora, es que muchos de ellos no murieron en una “ejecución sumaria”, es decir en una suerte de fusilamiento sin juicio, indefensos. Eso no parece haber ocurrido con los doce guerrilleros caídos en Formosa. Tampoco con Abal Medina, un joven que, en el proceso de peronización y radicalización de amplios sectores juveniles fecundado por las dictaduras que se sucedieron en la Argentina, fundó Montoneros junto a su novia, Norma Arrostito, Mario Firmenich, Carlos Ramus y otros.

Abal Medina y Arrostito ya habían recibido instrucción militar en Cuba, cuando el 29 de mayo de 1970 secuestraron al general Pedro Eugenio Aramburu, presidente durante la llamada Revolución Libertadora, el golpe que desalojó a Juan Domingo Perón, en 1955. Ese fue el debut de Montoneros.

De acuerdo con la versión oficial, relatada por Firmenich y Arrostito a una revista partidaria, los jóvenes guerrilleros se constituyeron en un tribunal revolucionario que juzgó a Aramburu por sus “crímenes contra el pueblo” y lo condenó a muerte. La sentencia fue ejecutada por Abal Medina en su condición de jefe.

El cautiverio y ejecución de Aramburu ocurrió en el casco de una estancia en Timote, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, propiedad de los padres de Ramus. Tres meses después, el 7 de septiembre de 1970, Abal Medina y Ramus fueron abatidos en la pizzería La Rueda, en el Gran Buenos Aires. Salvo que los Kirchner y sus funcionarios tengan otra información, Abal Medina cayó en un tiroteo con la Policía. Ramus murió cuando quiso lanzar una granada que le estalló en la mano.

Las muertes de Abal Medina y Ramus fueron tan impactantes para los guerrilleros peronistas que el 7 de septiembre pasó a ser considerado por ellos y por sus numerosos simpatizantes como el Día del Montonero.

El abogado Eugenio Aramburu, hijo del general, dice que “no sabía que Abal Medina estaba allí. Esto pone de manifiesto que quienes están hoy en el poder tienen una parcialidad muy grande respecto de un sector determinado, que se contrapone con la actitud de acoso permanente que mantienen contra otro sector. Creo que esto no le hace bien a la sociedad argentina”.

La fuente. En los nuevos listados de la Conadep la fuente de información de estos casos de “ejecución sumaria” es el Redefa, el Registro de Fallecidos de la Ley Nº 24.411, sancionada y promulgada durante el gobierno de Carlos Menem, que estableció una indemnización para los desaparecidos y para los herederos de “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”.

De acuerdo con el ex senador Eduardo Menem, que estuvo a cargo de la presidencia del Senado en la sesión en la que se debatió ese proyecto, el 7 de diciembre de 1994, el sentido de la Ley “era muy claro: reparar a todas las víctimas de la represión ilegal de los militares, incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Trelew, en 1972. Y también a las víctimas de los grupos paramilitares, como la Triple A. Pero para mí no se debe aplicar a los ataques a cuarteles como el de Formosa, en democracia”.

En marzo de 2010, cada uno de esos beneficios extraordinarios equivalía a 620.919 pesos; ese mes, los padres de los diez soldados conscriptos muertos durante el ataque en Formosa cobraban una pensión mensual de 842 pesos; es decir que la madre de Edmundo Sosa, un muchacho sin padre y que había postergado su baja para que se fuera en su lugar un compañero que era más pobre que él pero que tenía ya dos hijos que alimentar, debería cobrar ese dinero todos los meses durante más de 61 años de su vida para llegar a la suma ya percibida por los parientes de cada uno de esos ocho guerrilleros.

Desde 2006, continuaron los pagos por este concepto: el 15 de junio de 2010, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación me informó por e-mail que el total de “fallecidos anteriores al 24/03/76 dictaminados procedentes” era de “553”, 27 más que cuatro años antes.

Los nombres de esos ocho guerrilleros muertos en Formosa aparecen también en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado inaugurado el 7 de noviembre de 2007 frente al Río de la Plata, en la costanera norte porteña, por Kirchner y la presidenta electa, Cristina Fernández.

Este monumento había sido aprobado el 21 de julio de 1998, cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley número 46, que en su artículo primero destinó un espacio en la franja costera para homenajear a “los detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los años ‘70 e inicios de los ‘80, hasta la recuperaci&oacut
e;n del Estado de Derecho”.

También en este caso, como en el de la lista de la Conadep, hubo un “estiramiento” del alcance de la norma hacia los “caídos en combate”, como indicó el discurso leído por la Comisión Pro Monumento en la inauguración ofical.

Peripecias del expediente

La investigación de la Justicia Federal sobre el ataque al cuartel de Formosa se inició con un informe preliminar, el 5 de octubre de 1975, del sargento ayudante Luis Ceferino Falcón, jefe de los gendarmes que custodiaban el aeropuerto internacional El Pucú, y a mediados de 2009 terminaba con una respuesta del juzgado al pedido del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, sobre el certificado de defunción de uno de los guerrilleros.

La causa, que sigue abierta, acumulaba once cuerpos; el último de ellos era formado por los pedidos de certificados de defunción realizados por los abogados de los parientes de los guerrilleros que, según todo indica, fueron abatidos en el cuartel, durante el combate con los defensores del ejército, soldados conscriptos en su gran mayoría, y de los funcionarios que en los últimos años encabezaron la Secretaría de Derechos Humanos, como Duhalde y la actual diputada Diana Conti, que estuvo allí durante el gobierno de la Alianza.

La Ley Nº 24.411 es la que establece las indemnizaciones para los parientes de desaparecidos y muertos antes del 10 de diciembre de 1983.

En las últimas fojas del expediente judicial, el 22 de agosto de 2007, el secretario Duhalde preguntó al juzgado por la inscripción de la defunción de Oscar Ramón Boero, “quien poseía documentación como Emilio Agustín Chiocca”. La respuesta llegó el 19 de noviembre de 2008, junto con las constancias de fallecimiento de otros dos guerrilleros; a fines de julio de 2009, ésa era la última foja de todo el expediente.

fuente perfil.com