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 De acuerdo con información oficial, en lo que va de 2010 la presidenta Cristina Kirchner sólo escogió cuatro jueces. Mientras tanto, más del 20% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. Y como consecuencia de esto, los expedientes se acumulan, las causas se demoran y hay que recurrir a soluciones de emergencia: jueces vecinos que quedan a cargo de más de un tribunal o subrogantes, suplentes de dudosa constitucionalidad. "Lo primero para hablar de una justicia independiente es que haya jueces", declaró la semana pasada el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Dijo que las vacantes eran preocupantes, que no se puede tardar dos años en nombrar a un juez (a las demoras del Ejecutivo, se suman las del Consejo de la Magistratura) y que la perjudicada con los retrasos era la ciudadanía.

¿Por qué la Presidenta no cubre las vacantes? Dos altas fuentes del oficialismo y la oposición dieron una respuesta coincidente: la Constitución establece que una vez elegido el candidato su pliego debe ser girado al Senado; hoy el kirchnerismo no tiene mayoría en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta y no tiene garantías de que lo senadores vayan a avalar a sus candidatos.

Si un postulante no pasa el filtro del Senado, el expediente vuelve al Poder Ejecutivo, que puede nombrar a otro de la terna (algo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar como práctica habitual); si no lo hace, el concurso cae.

Por eso, es necesario un acuerdo entre el Gobierno y la oposición que, al parecer, hoy no existe. "La situación cambió. Ya no pueden elegir a cualquiera y modificar el orden que sale del Consejo. Pedimos cierto consenso y, sobre todo, que no haya arbitrariedades en la elección", dijo un dirigente opositor a LA NACION.

En el Gobierno, admiten la importancia del asunto. "El Poder Ejecutivo no tiene plazo; de todos modos, existe preocupación por resolver el tema lo antes posible", dijo a este diario el secretario de Justicia, Héctor Masquelet, que alegó que muchos de los concursos pendientes les llegaron en los últimos meses (según datos oficiales, 25 de los 113 los recibió a partir de junio) y dijo que algunos marchan más lento porque son concursos múltiples, destinados a cubrir más de una vacante.

Un relevamiento realizado por LA NACION sobre los datos oficiales publicados el 27 de agosto último por el Consejo de la Magistratura mostró que Cristina Kirchner demoró un promedio de tres meses en enviar al Senado los pliegos que mandó desde que asumió. Entre los que adeuda hay vacantes de lo más variadas: de primera y de segunda instancia; de la Capital y del interior; de los fueros penal, civil, comercial y laboral, entre otros.

En total, hay 208 cargos por cubrir en la Justicia. A las 113 vacantes en poder del Ejecutivo se suman tres que ya pasaron al Senado y 92 correspondientes a los concursos que está haciendo el Consejo de la Magistratura.
La lista que nunca llegó

Como el trámite para cubrir las vacantes -aún en situaciones normales- lleva muchos meses, se recurrió a los "subrogantes", interinos que designaba el Consejo de la Magistratura mientras se tramitaba el concurso (en general, el propio secretario del juzgado). Pero hace tres años, la Corte advirtió que eran inconstitucionales.

Para no generar un caos, dio por válidos sus fallos y le fijó un plazo de un año al Congreso para que dictara una ley que previera un nuevo sistema para nombrar suplentes. El mensaje de la Corte fue claro: en un año, los subrogantes tenían que desaparecer. Pero eso no sucedió. El Congreso sancionó la ley, pero no resolvió el problema porque estableció que los nuevos suplentes iban a ser o bien un juez vecino o bien quien eligiera el Senado de un listado que debía enviarle el Poder Ejecutivo. Pasaron más de dos años, y Cristina Kirchner nunca mandó su lista.

Por eso, hoy hay unos 50 juzgados que siguen estando a cargo de funcionarios que no son jueces, según informó a LA NACION Luis Cabral, presidente del Consejo de la Magistratura. Algunos fueron nombrados antes del fallo de la Corte; otros, después, con una autorización especial del máximo tribunal. "Esto crea una endeblez en el Poder Judicial porque los subrogantes están en inferioridad en cuanto a las garantías para el ejercicio independiente de su función", dijo Cabral. Estos suplentes pueden ser removidos sin necesidad de un juicio político.

"La situación es muy grave", afirmó Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país. "Si presionan a los jueces inamovibles, que tienen cargos vitalicios, no me quiero ni imaginar lo que pasa con los subrogantes, que además, en general, están concursando para ser jueces. Ellos saben que si dictan fallos que disgusten al poder, no los van a nombrar nunca", declaró.

La demora del Gobierno en mandar su lista de subrogantes obedece, según fuentes del oficialismo, a dos motivos. El primero, que hacer listas con candidatos para cada una de las jurisdicciones del país lleva mucho tiempo. La segunda, que en este caso rige el mismo problema que con los jueces titulares: el Gobierno duda de que el Senado vaya a aceptarle su nómina. "No hay un escenario de diálogo con la oposición y este año no nos fue bien con los embajadores que mandamos a la Comisión de Acuerdos", dijo una fuente del kirchnersimo.

Todo indica que, en las próximas semanas, el Consejo enviará una nueva tanda de ternas al Gobierno. Si la situación no cambia, estos expedientes se sumarán a la lista de las 113 vacantes pendientes.
PASO A PASO

1 Consejo de la Magistratura.

El proceso para elegir a un juez empieza en el Consejo. Los postulantes se anotan, rinden un examen, se evalúan sus antecedentes y se forma la terna de candidatos.

2 Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Justicia recibe las ternas, las publica (para que se puedan presentar observaciones a los candidatos) y tiene 30 días hábiles para elevar las actuaciones a la Presidencia. Cristina Kirchner no tiene plazo para elegir a su candidato y es ahí donde se demora hoy el trámite.

3 Senado.

Una vez que el Poder Ejecutivo eligió a su candidato, envía el pliego al Senado, que debe darle su acuerdo para que se convierta en juez.

El Consejo también tarda. El caso más grave es el concurso para cuatro juzgados del fuero federal penal, que ya cumplió cinco años. Eso hace que los jueces Norberto Oyarbide y Sergio Torres tengan hoy dos juzgados cada uno. Las otras dos vacantes las cubre un secretario de cámara, Marcelo Martínez de Giorgi. Este concurso estaba frenado por una orden judicial que se levantó, pero oficialistas y opositores coincidieron en que no es momento de avanzar. Se denunciaron trampas y el oficialismo, que es más fuerte en el Consejo, no quiere enfrentar un escándalo para poner a sus candidatos, que podrían no pasar el Senado. Además, los suplentes no le trajeron mayores inconvenientes.

fuente lanacion