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Esta vez el giro de la historia llegó de la mano de una denuncia penal presentada esta mañana por el abogado Alejandro de la Riva, que acusó a la gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos de no "cumplir con sus deberes de funcionaria pública" al autorizar la unión de Alejandro Freyre y José María Di Bello en Ushuaia, luego de que varios procedimientos legales demoraron la realización del matrimonio en la ciudad de Buenos Aires.
La acción judicial fue presentada hoy, a las 9, en los tribunales de Ushuaia y basó sus principales argumentos en la presunta violación por parte de la gobernadora de los artículos 248 y 293 del Código Penal, que prevén los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.
"Aquí se produjo un notorio abuso de autoridad. Ríos se atribuyó una facultad que no tenía. No tiene amparo legal para hacer lo que hizo. Les dio turno y pidió que los casaran cuando la sentencia no estaba firme", aseguró a lanacion.com De la Riva.

Según el letrado, en el momento de la decisión, la gobernadora estaba al tanto de los impedimentos legales que existen en el país respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero de todos modos autorizó la unión tras dictar el decreto provincial 2996/09 mediante el que ordenó al Registro Civil de Ushuaia que llevara adelante el casamiento hasta entonces prohibido. Para De la Riva, Ríos "debió esperar la resolución de la cuestión de fondo".
El quid de la cuestión radica, de acuerdo con lo que expresa la denuncia a la que pudo acceder este medio, en que el pronunciamiento emitido por la doctora Gabriela Seijas, la jueza que avaló en diciembre pasado el matrimonio homosexual en la ciudad de Buenos Aires, "no se encuentra firme, a tal punto que otra jueza [la doctora en lo civil Martha Gómez Alsina] dispuso la suspensión de los efectos del fallo".
El debate planteó, además, que el fallo de Seijas tuvo como destinatario al Registro Civil de la Capital Federal, correspondiente a la jurisdicción de los domicilios de los contrayentes. Por ello, el abogado afirma que Freyre y Di Bello deberían haber interpuesto una acción judicial ante un juez competente y no viajar hasta Ushuaia, "cambiar de "manera meteórica de domicilio" y solicitar el turno para casarse en el Registro Civil de dicha ciudad, como finalmente ocurrió.
"Ambos contrayentes, contando con la complicidad de la denunciada, articularon un remedio administrativo improcedente para torcer un pronunciamiento judicial de otra jurisdicción. De allí que la gobernadora haya asumido una facultad jurisdiccional que no tiene y haya incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público", esboza el texto.
Asimismo, agrega que Ríos no fue notificada del fallo de la doctora Seijas que habilitó la boda, por lo que Ríos "no estaba conminada a cumplir con ese mandato judicial, porque quien había sido parte de dicho proceso era el jefe de gobierno porteño, contra quien estaba dirigida la acción".
Por otra parte, en la denuncia se solicita que se cite a declarar al jefe de la policía, José Ojeda, y a la jefa del Registro Civil de Ushuaia para que informen al tribunal todo lo relacionado con la tramitación del casamiento. Asimismo, pide expresamente a la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación los dictámenes y antecedentes que sirvieron para dictar el decreto mencionado.
"Calculo que entre hoy y mañana leerán la denuncia en el tribunal porque es un texto en el que hago mención a varios fallos que deben ser revisados. Pero en los próximos días habrá novedades", afirmó el letrado consultado.
Esta fue la segunda acción presentada ante la Justicia contra la boda homosexual celebrada en Ushuaia. El miércoles pasado, el abogado Pedro Andereggen solicitó a la Cámara Nacional en lo Civil que investigara a Ríos y a la pareja por el delito de desobediencia por no acatar un fallo de la Sala E, que había ordenado suspender el casamiento que se iba a celebrar en Buenos Aires el 1° de diciembre.

Fuente : Clarin