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Eso respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en momentos en que empezaba a tramitarse la causa por el incremento del patrimonio presidencial, de 158% en un año.

El dato cobra más relevancia después de que el juez Norberto Oyarbide sobreseyó anteayer, por enriquecimiento ilícito, al matrimonio Kirchner. Cabe recordar que el argumento que usó, sin éxito, en el juicio en su contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su incremento patrimonial fue que cobraba una suma muy superior a la que figuraba en sus recibos.

Cristina Kirchner declaró en 2008 un sueldo anual neto de 148.000 pesos. Pero al no permitir que se conozca el recibo -y como el juez no lo pidió-, la Presidenta podría alegar que ese dato es un error formal en la confección de la declaración frente a un eventual avance de la causa judicial.

El gobierno kirchnerista cambió su criterio en la entrega de este tipo de información. En un monitoreo sobre el funcionamiento de las normas de acceso a la información pública que realiza desde 2004 la cátedra de Derecho a la Información de Damián Loreti, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un alumno obtuvo en 2005 una copia del recibo de sueldo del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Entonces, los recibos se consideraban datos públicos, como ocurre en México y Chile, por citar sólo dos casos cercanos.

"El dato relativo a las remuneraciones de cualquier funcionario debe ser público, porque se trata de una erogación del Estado y, por ello, el mejor medio para su comprobación es el recibo de sueldo. Sólo los datos sensibles [como, por ejemplo, si recibiera un plus por un hijo discapacitado o enfermo] deben estar exentos de publicidad", dijo Alvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC.

Qué pasó o qué hizo cambiar la política del Gobierno es una incógnita.

"A pesar de la falta en el país de una ley nacional de acceso a la información pública, con algunos altibajos, hasta hace poco el Poder Ejecutivo Nacional había impulsado una política pública sobre esta materia -reconoció Herrero-. Sin embargo, en los últimos meses ha habido señales que marcan un retroceso preocupante."

Alude al desmantelamiento de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que lideraba Marta Oyhanarte. Desde la llegada de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete esa dependencia quedó en manos de Andrés Larroque, un dirigente de la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora sin antecedentes en estas cuestiones.

La historia
El pedido de información que presentó la ADC para acceder a los recibos de la Presidenta y de otros 10 funcionarios nacionales y provinciales se realizó el 8 de julio pasado y se basa en el decreto 1172/3, que firmó Néstor Kirchner meses después de asumir y garantiza el acceso a todos los documentos que producen y tienen los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, con unas pocas excepciones previstas en forma expresa y entre las que no figura la alegada.

La solicitud fue rechazada el 20 de julio con una breve nota firmada por Luis Parodi, director de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, que dice textualmente: "Oportunamente la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ante similar requerimiento consultó al Organismo competente en la materia, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que en dicha oportunidad elaboró el Dictamen 37/08, el cual se adjunta en copia para su conocimiento y respuesta".

El dictamen, de 14 carillas y que hasta ayer podía consultarse en http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/ , sostiene que "la remuneracio?n salarial se trata de una informacio?n que puede afectar directamente el derecho de intimidad de su titular y que su tratamiento debe restringirse a causales que justifiquen el acceso al mismo".

El 14 de agosto, la ADC presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de Rita María Ailan, un recurso de amparo en el que pide que se ordene al Estado entregar los recibos de la Presidenta.

La Justicia, en este expediente, no evidenció hasta el momento la premura del juez Oyarbide con la causa sobre el patrimonio presidencial.

Las reacciones
Conti, sin apuro para abrir el juicio político
Hasta ayer, el Consejo de la Magistratura no había recibido el pedido de juicio político contra el juez federal Norberto Oyarbide que amenazó con radicar la Coalición Cívica por haber cerrado el caso sobre el patrimonio de los Kirchner. Pero sí le llegó otro pedido de juicio, promovido por un abogado particular. Se realizó un sorteo público y el caso le tocó a la consejera kirchnerista Diana Conti, que ayer dijo a LA NACION: "Prima facie se trata de una denuncia carente de seriedad alguna que se basa sólo en artículos periodísticos". La va a estudiar sin apuro, aclaró. "La analizaré después de la feria. No tiene nada que justifique que sea tratada antes", dijo.

"Es una canallada que sigan con las críticas"
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó ayer de "canallada" las críticas de la oposición al fallo que sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito a raíz del enorme incremento de su patrimonio. "Ahora esta sentencia está mal porque todo el mundo quería el escarnio público de la Presidenta y de Néstor Kirchner. Es una locura", dijo el ministro. El jefe de Gabinete, que fue durante casi dos años ministro de Justicia, consideró que Oyarbide es uno de los "muchos jueces federales de excelente prestigio" que tiene la Argentina.

Oyarbide se enojó por las críticas de Carrió
El juez federal Norberto Oyarbide criticó ayer a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que había anunciado que le pediría su juicio político. "Cualquier ciudadano puede denunciarme. Veremos qué pasa en el Consejo de la Magistratura… Lo que no entiendo es por qué Carrió no dice nada de todas las veces que yo la sobreseí a ella. Es claro: cuando no le gusta el fallo hace esto." Sobre su escritorio había una copia de una sentencia absolutoria, firmada por él, de febrero de este año. Cerraba una causa en la que Carrió había sido acusada de "propiciar la aplicación de sanciones contra el Estado argentino". El fiscal no impulsó la investigación y Oyarbide la sobreseyó.

Avanza un caso por "incompatibilidad"
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó ayer investigar a la presidenta Cristina Kirchner por presunta "incompatibilidad de funciones", en una causa que apunta a determinar si ella y su esposo integraron una empresa que brindaría servicios de consultoría a inversionistas durante sus mandatos. Martínez de Giorgi pidió ayer informes a la Inspección Genera
l de Justicia sobre el funcionamiento de la empresa El Chapel SA, una sociedad radicada en Río Gallegos en la que tendría participación el matrimonio Kirchner.

Fuente : La Nacion