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Las modificaciones en la conformación del Consejo de la Magistratura será uno de los primeros debates parlamentarios de 2010. El Gobierno le tiró el guante a la oposición. ¿Llegarán a un acuerdo?

La reforma del Consejo de la Magistratura es uno de los primeros puntos en la agenda 2010 del Congreso. El gobierno nacional lo sabe y, a diferencia de lo que sostenía meses atrás, se muestra abierto a la posibilidad de que el organismo que elige y sanciona jueces cambie su integración. “No tenemos nada que objetar si se presenta un proyecto modificatorio. ¿Por qué no escucharlo? ¿Por qué uno va a ser tan necio de suponer que es el dueño de la verdad absoluta? ¿Por qué hay que cerrarse y decirle que no al tema?”, desafió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Mientras tanto, los bloques de la oposición ya trabajan para alcanzar una ley de consenso.

Durante todo 2009 la necesidad de reformar, una vez más, el Consejo de la Magistratura estuvo en boca de toda la corporación judicial. También de dirigentes de la oposición que, ahora con mayoría en el Parlamento, podrán poner en práctica sus intenciones de “equilibrar” el organismo. Pero para lograr tal modificación, los legisladores deberán ponerse de acuerdo. Y ésa es la tarea que encararán los primeros meses del año que comienza.

En ese sentido, el jefe de Gabinete dijo ayer que, si bien el kirchnerismo tiene una posición respecto del Consejo que ya llevó a la práctica con la reforma de 2005, le gustaría ver “de qué se trata esa posible modificación”. Sus declaraciones fueron la respuesta a las palabras de la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, quien reiteró que el organismo “debe ser reformado porque está visto que así no funciona”.

Aunque la reforma es uno de los pilares que aglutina al arco opositor, los proyectos que existen alrededor del tema son muchos y variados. Desde el radicalismo sostienen que la manera de lograr el consenso es modificar la menor cantidad de puntos posibles. “Hay que buscar las bases de acuerdo de cada iniciativa. Cuantas más reformas quieran introducirse, menos voluntades se podrán reunir”, aseguró el diputado Ricardo Gil Lavedra. Para el ex camarista lo “decisivo” es el cambio de la integración: “Lo importante es romper el poder de veto del Gobierno y retornar al equilibrio que reclama la Constitución Nacional”. La diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez considera que modificar la composición es un punto imprescindible pero no el único. “La mera ampliación no te asegura el éxito. Hay que reformar otros temas, como los procedimientos para seleccionar a los jueces, la integración de los jurados, los exámenes y las propias comisiones”, enumeró.

Un ítem en el que existe un consenso generalizado entre la oposición es la necesidad de regresar al viejo esquema en que la presidencia del Consejo estaba en manos de la Corte Suprema. Las diferencias giran en torno a qué miembro sea el indicado.

En el reportaje que dio Argibay este fin de semana quedó demostrado que tampoco hay coincidencia dentro de la Corte. La jueza se mostró en contra de que su actual presidente, Ricardo Lorenzetti, pueda asumir como máxima autoridad del organismo.

En lo que sí hay acuerdo entre los opositores es que el proyecto modificatorio cuente con el visto bueno de las organizaciones civiles, los operadores de la Justicia y los colegios profesionales de abogados y magistrados.

Fuente : critica