El fiscal Carlos Rívolo pidió que el juez Claudio Bonadio envíe a juicio oral a 47 intendentes y ex intendentes vinculados al kirchnerismo como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra
de la administración pública por medio del programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu). El pedido incluye a los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Además se están peritando 60 municipios más de todo el país por el mismo delito, que representó un perjuicio de 600 millones de pesos.
Después que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 47 intendentes, junto a la falta de mérito de otros 42 jefes municipales imputados y el sobreseimiento de otros dos, la causa está a un paso del juicio oral.
Esta investigación de Rívolo inició a fines de 2016, a partir de una auditoría interna de la actual gestión en la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.
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La auditoría reveló que no hubo un adecuado estudio de los municipios que necesitaban de la ayuda nacional a través del programa implementado desde el gobierno a cargo de Cristina Fernández de Kirchner y que, por el contrario, se habrían cometido delitos en el manejo de esos fondos, según la investigación desarrollada por el juzgado a cargo de Bonadio.
Entre las irregularidades detectadas por la Justicia se encuentran una “falta de control interno en la ejecución de los proyectos”, en relación al “plazo de ejecución” y “rendiciones vencidas”, y “modificaciones e incumplimientos parciales o totales” en los proyectos aprobados para la financiación nacional.
En el expediente ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.
Cuando se confirmó la acusación contra los ex jefes de gabinete de Cristina, los jueces señalaron: “quienes ostentaban el control de los Pmgirsu incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”.
En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.
Los fondos provenientes del Estado se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.
Para la Justicia, los “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos”.
La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”, indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal al confirmar la acusación.
Entre los procesamientos confirmados y que el fiscal Rívolo pidió que vayan a juicio oral, se encuentran el del ex jefe comunal de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, el ultra kirchnerista Francisco “Paco” Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.
En febrero, el juez Claudio Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.
Todos los intendentes que siguen procesados
Se trata de Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy, José Antonio López, Gustavo Karasiuk, Ángel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios.
También están imputados Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello,