El cambio de escenario político que comenzó a transitarse después de las PASO del 11 de agosto, se trasladó a los Tribunales de Comodoro Py, donde se abrieron varios interrogantes. Uno de
ellos es qué sucederá con los juicios por casos de corrupción que se encuentran en pleno desarrollo, y en los que organismos del gobierno, de la actual gestión, participan como querellantes, es decir acusadores. El juicio contra Cristina Kirchner, otro contra Lázaro Báez, el que se lleva adelante contra Ricardo Echegaray y Cristóbal López, son algunos de los que integran la lista de los que podrían frenarse si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada.
El calendario electoral se intercala con el de la Justicia. De lunes a viernes se desarrollan juicios, algunos con más renombre por sus imputados y delitos investigados. La Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP intervienen en diferentes casos como querellantes. Ante un eventual cambio de gestión, si el resultado que obtuvo Alberto Fernández y Cristina Kirchner (Frente de Todos) se repite, quienes se sientan en las audiencias como acusadores contra ex funcionarios kirchneristas serán reemplazados por quienes integren dichos organismos bajo el nuevo Gobierno.
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En el sexto piso de los Tribunales de Retiro, son varios los jueces que miran con atención este eventual cambio. “Con una nueva gestión, los organismos del Estado estarán representados por integrantes del mismo color político de muchos de los que están siendo juzgados”, explicó a Clarín una fuente judicial.
Un ejemplo es el juicio donde se acusa a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado -según la acusación-, al haber favorecido a Lázaro Báez con contratos de obras viales: 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos. En este caso donde hay 13 imputados, la OA que dirige Laura Alonso y la UIF conducida por Mariano Federici son querellantes, es decir, acusadores de la candidata a vicepresidenta. “¿Cómo seguirá el juicio con alguien del mismo gobierno de Cristina Kirchner que deba estar en el juicio acusándola por corrupción?”, se preguntó una alta fuente oficial al analizar la situación.
Otro expediente que lleva casi un año de juicio es el de “la ruta del dinero K”, donde se procesó a Lázaro Báez por haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Esta investigación está relacionada con el direccionamiento de la obra pública. La Justicia determinó que parte de los fondos que el contratista K obtenía con las licitaciones, los volcó a maniobras de blanqueo.
Todos los miércoles el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) lleva adelante el juicio, en el que no sólo la OA y la UIF son querellantes, sino también la AFIP. Es decir que ante un eventual cambio de color político en la Casa Rosada, la gestión K deberá acusar al ex socio comercial de Cristina Kirchner, preso hace tres años por lavado.
En esta misma situación se encuentra el juicio contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Sousa por la multimillonaria defraudación al Estado generada por Oil Combustibles, al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La AFIP es la única querella en el juicio que el TOF 3 realiza los jueves.
Hay más. Queda por fijar fecha para un juicio unificado contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Son las investigaciones sobre las empresas familiares Los Sauces (inmobiliaria) y Hotesur (hotelera). En ambos casos está también acusado por lavado de dinero junto a los Kirchner Lázaro Báez, y en el caso de la primera firma, Cristóbal López.
El TOF 5 realizará un único juicio con los dos casos donde se comparten al menos 12 imputados. En este juicio serán querellantes la OA y la UIF. Pero en caso que inicie el próximo año, la misma gestión del Frente de Todos deberá sentarse en un juicio acusando a Cristina y a Máximo.
En el gobierno de Mauricio Macri siguen de cerca estos casos y otros que se suman al listado, por ejemplo el juicio contra Ricardo Jaime y Julio De Vido por la compra de trenes chatarra y las causas que fueron elevadas a la próxima instancia y aún no se determinó cuándo inician, como la investigación contra la ex Presidenta y otros ex funcionarios por la firma del Memorándum con Irán o el expediente por la compra de dólar futuro, donde Cristina Kirchner y Axel Kicillof son los principales imputados.
“La situación será singular: organismos del Estado acusando a integrantes de su propio espacio en juicios por corrupción. Esto podrían entorpecer el desarrollo de las audiencias”, indicaron fuentes judiciales.
El caso que mayor atención concentra -y que despierta incertidumbre en Comodoro Py- es el de los cuadernos de las coimas, que el juez Claudio Bonadio busca elevar a juicio oral antes de octubre. Una vez más, organismos del gobierno deberán sentarse en un eventual juicio a acusar a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban empresarios contratistas del Estado.