El fiscal Carlos Stornelli pidió hoy al juez federal Julián Ercolini la elevación a juicio oral del ex ministro de Planificación Julio De Vido y del ex secretario de Transporte Ricardo
Jaime por no haber nombrado técnicos en el organismo que desde el 2003 debería haber renegociado los concesiones ferroviarias para favorecer a las empresas que tenían el negocio, como el Grupo Cirigliano. Este nuevo juicio complica aún más la delicada situación judicial de Jaime y De Vido quienes se encuentran cumpliendo condenas por entorpecer la Justicia y la Tragedia de Once, respectivamente, mientras ya afrontan otros juicios. Se trataba de concesiones que tenían subsidios millonarios.
En el juicio oral Jaime deberá responder como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por su parte, De Vido será juzgado solo por el segundo delito.
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Desde el 2003 y hasta el 2009, Jaime debería haber nombrado a técnicos en el llamado Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) para asesorarlo en la renegociación de las concesiones que venían de la época de Carlos Menem.
La denuncia que abrió esta causa había sido formulada por Edgardo Carranza, secretario de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transporte (ADEPAUT), con el patrocinio del abogado Ricardo Monner Sans el 10 de agosto de 2012, ante la Cámara Federal.
En un dictamen, el fiscal Stornelli destacó que Jaime deliberadamente “no gestionó las acciones conducentes para promover ante los Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, y ante las autoridades de los municipios de la Provincia de Buenos Aires correspondientes a su área metropolitana, la adhesión a la Ley 25.031, ni conformó la UNIREN”.
Ante las abundantes pruebas recolectadas, Jaime negó haber cometido delitos y manifestó que “la no implementación de la ley 25.031 se debió a la falta de adhesión de las jurisdicciones (provincias y municipalidades) que la norma mencionaba”. Explicó que “debían ser los poderes legislativos de los distintos gobiernos o los consejos deliberantes de cada uno de los municipios quienes tendrían que ceder facultades propias, tales como fijación de tarifas, presupuestos, cantidad de líneas, que existen en cada distrito”.
Para el fiscal, Jaime “incumplió deliberadamente la manda establecida en el inciso 5° del Decreto 678/06, en cuanto instruía a la Secretaría de Transporte a gestionar las acciones conducentes para promover, ante los Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, y ante las autoridades de los municipios de la Provincia de Buenos Aires correspondientes a su área metropolitana, la adhesión a la Ley N° 25.031″.
A su criterio, debería haber conformado “a tales fines una Unidad Ejecutiva bajo su dependencia, con la organización funcional y regulatoria que la misma determine, facultándola además a propiciar, en caso de resultar procedente, las modificaciones legislativas y regulatorias que permitan el logro de tal cometido”.
Por su parte, De Vido “no facilitó el aporte de equipos técnicos y especialistas, y el apoyo administrativo necesario para el desarrollo de las funciones encomendadas a la UNIREN”, entre otras irregularidades.
Esa omisión, finalizó el fiscal, “generó la obstaculización del inicio y avance del proceso de renegociación de los contratos apuntados, en cuyo marco debía tratarse la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas, entre otros”.