Ante Luis Majul, Fernández aseguró que 800 mil dólares de la valija de Antonini Wilson no eran para la campaña de Crisitna (aún falta aclarar por orden de quien, su amigo Capacciolli recaudaba para campaña con droguerías del asunto Efedrina y triple crimen) sino que iban a ser depositados en Uruguay. Vale recordar la película Mentiroso mentiroso de Jim Carrey, donde si dejaba de mentir perdía su trabajo. Todos los periodistas saben que Antonini reconoció que el dinero iba a la campaña de Cristina.
Jim Carrey, en la ficción Fletcher Reed, es un abogado que se atiene a un sólo “código ético”: la verdad es negociable. Sin permitir que los hechos interfieran con un buen argumento, no tiene rival en cuanto a exagerar y distorsionar la verdad. Él es una persona muy convincente y un mentiroso empedernido que se está labrando una prometedora carrera legal representando a los personajes más inmorales de la sociedad, clientes que otros abogados no representan por pura ética. Pero lo que hace de Fletcher un buen abogado es también lo que le convierte en un padre irresponsable. Un día, como deseo de cumpleaños, su hijo Max lo transforma en una persona honrada, y Fletcher descubre que su más preciado tesoro, su boca, de repente se ha convertido en su más grave debilidad.
Asi lo mostro Infobae:
La oposición en Uruguay pidió investigar una afirmación de Alberto Fernández sobre el dinero que Antonini Wilson intentó ingresar al país
El candidato presidencial por el Frente de Todos afirmó en una entrevista televisiva que la plata que el empresario venezolano intentó ingresar a la Argentina en 2007 “iba a ser depositada en Uruguay”
Durante la entrevista televisiva que concedió el pasado fin de semana, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que el dinero que el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país en 2007 era plata de la corrupción del régimen chavista que “iba a ser depositada en Uruguay”.
“Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de ocho viajes previos donde hacía lo mismo y yo tengo la certeza de que la plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay, que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal”, señaló Fernández en el programa La Cornisa, en el canal América.
A raíz de esta declaración, la oposición en Uruguay pidió abrir una investigación. El senador y candidato a presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, destacó la necesidad de investigar “seriamente” los “lazos comerciales, económicos y oscuros entre el chavismo y los gobiernos del Frente”, según consignó el diario El País de Uruguay.
En tanto, la diputada nacionalista Graciela Bianchi, que suele trabajar en causas conjuntas entre ambos países con Graciela Ocaña, afirmó que la fiscalía debería investigar “de oficio”. “Fernández está tratando de comprar futuro, pero nosotros ya sabíamos que esto venía para Uruguay”, consideró.
Hace poco más de un año, en junio de 2018, la Justicia en Argentina ordenó el cierre de la causa. El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que se negó a procesar al ex funcionario Claudio Uberti, y el fiscal Pablo Turano, fueron los encargados de cerrar el expediente, que reveló los negociados del kirchnerismo con el gobierno de Hugo Chávez y la existencia de una “embajada paralela” entre ambos países.
En ese momento en la Argentina se llevaba adelante la campaña de Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007. El episodio de la polémica ocurrió la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en un avión de la empresa Royal Class contratado por ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y encontró USD 790.550.
Tras el escándalo, Uberti debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi).
En Uruguay, en aquel momento, también se abrió una investigación. Estuvo a cargo del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, a raíz de una denuncia que presentaron tres diputados del Partido Nacional -Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Rodolfo Caram.
Según El País, los diputados opositores expresaron que Antonini ingresó a Uruguay siete veces entre 2006 y 2007 y que la actividad principal era “concretar negocios”, oficiar “como lobbista” y que su nombre había aparecido vinculado a operaciones de intercambio entre Venezuela y Uruguay. En 2010, el juez no encontró pruebas y clausuró el caso.