Si el Gobierno adelanta el aumento de diciembre, una de las medidas que analiza para paliar los efectos de la crisis, las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrían un incremento adicional
en torno del 9,5% y 10%.
El cálculo surge de la fórmula de movilidad que combina un 70% de inflación y 30% de la evolución salarial (RIPTE) de abril a junio de este año. En ese período la inflación fue del 9,5%, pero aún no se conoce la cifra del RIPTE del trimestre.
Ese 9,5/10% se sumaría al 12,2% que deben recibir en septiembre y que corresponde a la evolución de esos indices entre enero y marzo pasado.
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A julio, las jubilaciones y pensiones registraron “una pérdida del poder adquisitivo del 8% respecto a igual mes del año pasado, dando lugar a una contracción interanual del 13,1% en el acumulado de los últimos 12 meses”, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Con la inflación de agosto, que se estima entre un 5% y 6%, y la que se proyecta para septiembre, se acentúa la pérdida previsional, que no se compensaría con el ajuste del 12,2% de septiembre.
De ahí que una alternativa que evalúa el Gobierno sería adelantar el aumento de diciembre por las fuertes remarcaciones de precios.
En ese caso, con el incremento del 12,2% en septiembre, sumado al 11,8% de marzo y al 10,7% de junio, el aumento de los haberes en 2019 rondaría el 52%. Y volvería a ubicarse por debajo de la inflación que las consultoras privadas estiman entre 55% y 60% anual, si el dólar se mantiene por debajo de los $ 60.
En tanto desde que se aplicó la nueva ley de movilidad –en septiembre de 2017-, a julio pasado la pérdida previsional es del 19%.Y con los aumentos previstos el deterioro de las prestaciones de jubilación y pensión será superior al 20%.
Según ANSeS, la “movilidad” engloba a más de 18 millones de personas: 6,9 millones son jubilaciones y pensiones, 1,7 millón de Pensiones No Contributivas y Pensiones Universales para el Adulto Mayor y alrededor de 9,4 millones de asignaciones por hijo ( salario familiar y AUH)
