La propuesta es válida en el sentido de su aplicación a partir de la aprobación de la nueva ley de minería, todavía en proceso de elaboración y con un sentido de “rescate” de la propiedad estatal, según se observa en esa parte de la recomendación, que obligará a los actuales “propietarios” a renunciar a sus propiedades mineras, cuando realicen la “migración de contratos” como señala la Constitución al obligar ese cambio al suscribirse nuevos contratos.
La posición oficialista se basa en recordar que todos los recursos naturales son propiedad del Estado y por tanto el petróleo, el gas y los minerales no pueden tener dueños a parte del Estado, aunque se reconoce que, todos los interesados en la explotación de nuestras riquezas podrán ser “socios” en diferentes niveles estratégicos, por supuesto desde inversionistas hasta de transferencia tecnológica o de otro tipo que no los consigne como “patrones”.
Hay que recordar que hasta la vigencia de la nueva norma, una concesión otorgaba ciertos privilegios al “dueño” de la misma, especialmente en materia de garantía hipotecaria y hasta hereditaria, lo que ya no corre con el cambio en la normatividad vigente.
Los nuevos contratos señalarán específicamente que los recursos naturales, como los hidrocarburos y los mineros son del Estado boliviano y que su explotación mediante acuerdos pactados entre partes, otorgará derechos al “inquilino” durante determinados periodos, pero en ningún caso se reconocerá propiedad alguna sobre la señalada concesión.
Se incluye algo más y es que los contratos futuros, entre el Estado y cualquier empresa, deberán pasar por una aprobación de la Asamblea Legislativa, lo que puede significar un largo periodo de espera o simplemente que alguna oferta sea desestimada… si no agrada o convence a los legisladores.
Las cosas están planteadas de ese modo y en criterio de los expertos y los empresarios privados mineros, este cambio puede significar un retiro estratégico de algunas empresas y la postergación de inversiones, en tanto no sean divulgadas claramente las nuevas reglas de juego, especialmente aquellas que determinen seguridad, garantía y reconocimiento legal que eviten problemas de avasallamientos o la toma de las concesiones alquiladas.
Se trata de un aspecto que debe ser aclarado cuanto antes, pues en la medida que se tarda en aprobar la Ley Minera, se demoran las perspectivas de encarar importantes proyectos mineros. Los inversionistas, por lo menos hasta el momento han preferido colocar sus capitales en países vecinos como Chile y el Perú, donde esos gobiernos facilitan las inversiones y no las corren.