La medida, dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de activos, debe ser homologada por el juez de la causa y tiene vigencia inicialmente por seis meses.
Las actuaciones tuvieron origen en un informe de inteligencia que “hace alusión a determinadas personas humanas que fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) creado por el Decreto N° 489/2019” emitido el mes pasado, se explicó en la resolución a la que accedió Télam.
La inscripción “fue solicitada por el fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del conocido atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina”, añadió la UIF.
Ese informe de inteligencia, se explicó también, sostiene que la Unidad Fiscal AMIA “informó acerca de la existencia de imputaciones y solicitudes de captura nacional e internacional de las personas humanas inscriptas en el RePET como resultado de su participación en el atentado terrorista” y sobre “la existencia de trabas de embargo y la inhibición general de los bienes” de esos individuos.
Los jerarcas iraníes alcanzados por la medida son Soleimanpour, Rabbani, Ahmad Vahidi, Alí Akbar Velayati, Alí Fallahijan y Moshen Rezai.