Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de ley que busca que los condenados por delitos de corrupción no puedan presentarse como candidatos en
cargos electivos.
La iniciativa busca incorporar al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos un inciso en el que se incluya la prohibición para postularse a los condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
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También, buscarán imposibilitar las candidaturas de quiénes hayan sido responsables de exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Nación, según indica el texto del proyecto que será tratado desde las 15 en el anexo de la Cámara baja, en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli del PRO, y la comisión de Justicia, a cargo de Diego Mestre de la Unión Cívica Radical.
Se intentará lograr dictamen del texto que fue unificado entre diferentes proyectos presentados por los diputados Silvia Lospennato del PRO, Claudio Doñate del Frente para la Victoria, Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, Lorena Matzen de la UCR, Graciela Camaño de Consenso Federal y Elisa Carrió de la Coalición Cívica, al que se sumó otra iniciativa de Luis Petri de la UCR, entre otros.
En el borrador del texto apuntan además que “el supuesto previsto en el presente inciso se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso, hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Se trata de una iniciativa que había logrado dictamen en 2017 en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo contó con el respaldo de bloques afines y además del Frente Renovador, hoy aliado con el kirchnerismo en el Frente de Todos, que en esa oportunidad no había apoyado el texto.
Esta discusión fue promovida por la organización Change.org, mediante una campaña de recolección de firmas, que ya sumó 255.000 adhesiones.
JPE