La jueza Loretta Preska definió un cronograma de procedimientos a seguir en el juicio del fondo Burford contra YPF. La petrolera argentina reclama que ese juicio se haga en la Argentina.
Y tendrá hasta el 30 de agosto para respaldar su moción “de excepción de incompetencia”, solicitada ante el tribunal de Nueva York. La jueza ya había definido que iba a escuchar argumentos argentinos sobre “jurisdicción” en una decisión del 11 de julio. Hoy lo confirmó con los plazos al respecto.
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Los fondos tendrán hasta el 30 de octubre para presentar su argumento. Y la defensa argentina podrá contestar esos mismos plantes hacia el 29 de noviembre. Todo indica que el juicio quedará para 2020.
“Todos los plazos y procedimientos en las acciones de Petersen y Eton Park serán suspendidas hasta la resolución sobre las excepciones de incompetencia”, detalló la jueza Preska. Eton Park litiga en juicio menor al de YPF contra Argentina, pero su caso también queda suspendido hasta que se defina la competencia en el caso Petersen/YPF.
El fondo Burford buscaba un juicio sumario (“summary judgment”) sin más producción de pruebas. “La cuestión de competencia, sobre que jurisdicción corresponde, no está precluída -como sostenía Burford- y posterga el comienzo del juicio (y los procesos de discoveries) hasta que se sustancie esta excepción previa que tenemos que fundar el 30 de agosto y que se resolvería sobre fin de año”, explicaron abogados de la defensa oficial.
La decisión causó beneplácito en la defensa oficial, que creía que esa petición podía ser aceptada por errores en la defensa del estudio de abogados anterior que representaba al país.
YPF y Argentina quieren acreditar que los tribunales argentinos son competentes para dirimir el litigio, generado a partir de la expropiación de YPF que se realizó en 2012 durante el mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Burford -que compró los derechos para litigar en la quiebra del grupo Petersen (familia Eskenazi) en España- se opone a esa posición. La jueza Preska no convalidó directamente los argumentos argentinos, pero le dará al país varias oportunidades de presentaciones para justificarlos.
La ley que se aplicará es la argentina, según los abogados locales. La cuestión ahora es la jurisdicción: los fondos quieren que sea en Estados Unidos, mientras que YPF y la República Argentina demandan que sea en Buenos Aires.
El país ya perdió la discusión sobre si la expropiación era un acto “soberano” -libre de escrutinio judicial- o “judiciable”. Ahora lo que busca es que la judicialización sea en tribunales locales.
La postergación del juicio también implica un retraso en los “discoveries”. En ese procedimiento, se rastrean operaciones que no fueron declaradas. Allí, la Argentina imagina que puede haber algún fraude en la transferencia de los derechos de juicio de Petersen (de la familia Eskenazi) a Burford.
