El Gobierno estadounidense está dispuesto a ir a fondo contra el capo narco: pidió confiscar cerca de 12.600 millones de dólares en bienes del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, una
suma que corresponde, según él, a una estimación de los ingresos conseguidos por su cartel mientras lo dirigía.
El pedido de la administración estadounidense llega a pocos días de la audiencia del 17 de julio, tras la cual El Chapo, de 62 años, conocerá su condena. El tribunal lo condenará, salvo sorpresa, a cadena perpetua.
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El fiscal federal Richard Donoghue afirmó “tener derecho a requisar cualquier bien que constituya o esté derivado de los delitos del acusado vinculados a la droga”, en un documento presentado en el tribunal de Brooklyn, en Nueva York.
Donoghue calcula, basándose en distintos precios de venta de drogas citados por varios testigos, que el cartel codirigido durante 25 años por El Chapo recibió, como mínimo, unos 11.800 millones de dólares por sus ventas de cocaína en ese periodo, así como 846 millones de dólares por el tráfico de marihuana y 11 millones por la heroína. Esto es resultado del cálculo que de El Chapo traficó con un total de 528.276 kilogramos de cocaína, 202 kilos de heroína y 423.000 kilos de marihuana.
Ese dinero fue blanqueado y sirvió para pagar a asociados y empleados del cartel, proveedores, material de comunicación, y los aviones y submarinos utilizados por el cartel, subrayó el fiscal.
Pero el Gobierno “tiene derecho a reclamar una compensación igual al valor de los bienes implicados en el delito de blanqueo”, dijo Donoghue.
El fiscal no parece estar preocupado por la capacidad de El Chapo para devolver semejantes cantidades de dinero. “El Gobierno no necesita demostrar que el acusado puede pagar”, escribió, sólo debe demostrar “que el dinero puede ser objeto de una incautación”.
Durante el juicio de El Chapo un ex socio suyo contó que este vivía rodeado de lujo en los años 90.
En ese momento tenía “cuatro aviones, casas en todas las playas, ranchos en todos los estados de México” y una residencia en la ciudad balnearia de Acapulco, explicó el ex gestor de El Chapo, Miguel Ángel Martínez.
Se desconoce sin embargo el dinero que aún conserva desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 y lo que ha transferido a su familia y sus amigos.
Todo esto sucede después de que el pasado 3 de julio, el juez federal Brian Cogan rechazara la repetición del juicio a El Chapo, condenado por diez delitos de narcotráfico el pasado febrero y quien había solicitado un nuevo proceso después de que se publicara una información sobre supuestas irregularidades del jurado.
La defensa del narcotraficante entendía que el juicio en su contra se había contaminado porque varios miembros del jurado incumplieron las normas del tribunal de no informarse del caso por los medios de comunicación o las redes sociales, así como discutir fuera del tribunal sobre el asunto.
Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de la prensa o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar.
Sin embargo, el caso continuó en los medios de comunicación después de que el 20 de febrero saliera a la luz una entrevista anónima publicada por el medio de noticias Vice en la que un miembro del jurado, que no se identifica, asegurara que alguno de ellos no siguieron las instrucciones del juez.
De inmediato, su defensa solicitó un nuevo proceso alegando que su cliente “no tuvo un juicio justo”, a lo que la Fiscalía se opuso por considerar que la información publicada sobre el miembro del jurado no se podían corroborar.
Alegó el Gobierno que la reclamación de Guzmán para el nuevo juicio se basaba “únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar”.
PB
Fuente: AFP y EFE