Julio De Vido quedó cerca de ir a juicio oral junto a Ricardo Echegaray, Claudio Uberti y personal aduanero en la causa por la valija con US$ 800.000 que intentó
ingresar el venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos dictados por el juez Pablo Yadarola por el delito de “tentativa de contrabando de importación de divisas” junto al embargo de 50 millones de pesos.
Cuando procesó a los ex funcionarios kirchneristas, el juez en lo Penal Económico Yadarola entendió que si bien es un “caso de contrabando y lavado de activos, se inscribe en un caso de soborno transnacional”. Los delitos imputados se vieron agravados “por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos”.
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El juez dio por corroborada una “afectación a la población” de nuestro país, a raíz de “la desviación de recursos económicos del Estado, para el aprovechamiento y concreción de maniobras delictivas que tuvieron como fin la obtención de importantes sumas de dinero espurias y que, posiblemente, luego fueron utilizadas para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos, no ha escapado a la atención de este magistrado”.
La confirmación de los procesamientos, dio por corroborada la maniobra que determinó el magistrado: hubo un intento de ingresar al “territorio nacional la suma de setecientos noventa mil quinientos cincuenta dólares estadounidenses (U$S 790.550), el día 4 de agosto de 2007, a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitiéndose presentar la declaración aduanera”.
Dicha suma se encontraba en el interior de una valija que formaba parte de los equipajes transportados en la aeronave matrícula N5113S, de la empresa Royal Class, proveniente de Maiquetía, Venezuela, y que había sido contratada por la empresa de participación estatal ENARSA para realizar ese viaje.
Se determinó además, que la “receptación del dinero en cuestión, que tendría un origen espurio y habría sido obtenido en la República Bolivariana de Venezuela, de parte de funcionarios vinculados a la empresa PDVSA”.
Los procesamientos confirmados por la Sala B son los que recaen sobre el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti y un grupo de funcionarios aduaneros.
Al momento de especificar las responsabilidades, se señaló el viaje oficial que involucra la polémica valija fue realizado por Claudio Uberti y que su secretaria Victoria Bereziuk fue “por orden y disposición del entonces Ministerio de Planificación Federal”.
En consecuencia, De Vido -en su carácter de titular de dicho Ministerio (junto con Claudio Uberti y José María Olazagasti, Jefe de Ceremonial del Ministerio), “aprovechándose ilegítimamente de un aparato organizado de poder estatal y su estructura funcional, habría estado a cargo de la organización de la maniobra de obtención del dinero en trato”.
Para la Justicia, valiéndose de una relación de posibles intereses mutuos entre ambos estados “inicialmente válida, se habría pervertido su objeto, utilizando su apariencia lícita para obtener dinero en efectivo, el cual pudo haber tenido como destino las siguientes hipótesis: el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y/o el financiamiento ilegítimo de campañas políticas”.
En este entramado “también se advierte un obrar jerárquicamente estructurado por parte de los integrantes de la AFIP -que conducía Echegaray- y la Dirección de Aduanas, encabezada por María Siomara Ayeran, en conocimiento acerca del aparato organizado de poder encabezado por De Vido y con la finalidad de facilitar su obrar ilegítimo”.
Para el juez, Echegaray y Ayerán “habrían impartido directivas ilegítimas tendientes a evitar el despliegue del debido control respecto de los equipajes que arribaban al país en determinados vuelos provenientes de Venezuela”.