Crece la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que investigue la muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, que murió mientras estaba en poder de las fuerzas de seguridad, y para que condene a los responsables.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno venezolano de Maduro a “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables del asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo, que murió el sábado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) tras haber sido arrestado acusado de conspirar contra Maduro.
Por su parte, los obispos católicos responsabilizaron al gobierno por el crimen, y advirtió que “no consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos”.
Alarma. La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó en un comunicado su “alarma y preocupación” por el fallecimiento, ocurrido, según ella, “por probables actos de tortura”.
“El Estado tiene el deber de investigar los hechos alegados de manera transparente, imparcial, independiente y efectiva. La impunidad facilita la repetición”, dijo el relator para Venezuela de la CIDH, y uno de los siete comisionados que la integran, Francisco Eguiguren.
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Este miércoles, Gustavo Tarre, representante ante la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijo que pidió a la CIDH que visite Venezuela para investigar la muerte de Acosta Arévalo.
“El planteamiento es que la Comisión se traslade a Venezuela para ver la situación general de derechos humanos con énfasis especial en el caso del capitán Acosta Arévalo”, dijo Tarre en rueda de prensa.
El capitán de corbeta fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana. El 28 de junio fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital militar, donde murió en las primeras horas del 29 de junio.
“El cuerpo no ha sido devuelto a los familiares de manera que no hay forma de garantizar una autopsia independiente. Pedimos a la CIDH que realice esta investigación para determinar quiénes son los culpables”, dijo Tarre.
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Arrestos. Un sargento y un teniente de 22 y 23 años fueron arrestados el lunes 1 de julio por la muerte de Acosta Arévalo, que desató una fuerte condena internacional.
“Pero pensar que estos son los verdaderos culpables es una denegación de justicia. Si fuera cierto que estos son los autores materiales, los culpables son los que dan las órdenes y esa culpabilidad empieza en Nicolás Maduro”, apuntó Tarre, pidiendo que la investigación se enfoque “primordialmente” en los “autores intelectuales”.
El militar fallecido integraba un grupo de 13 personas detenidas por supuestamente intentar un “golpe de Estado” contra Maduro. Según el gobierno venezolano, el golpe debía realizarse los días 23 y 24 de junio e incluía el asesinato del presidente y altos funcionarios.
Condena. Por su parte, la Comisión de Justicia y Paz de la conferencia episcopal venezolana condenó en un comunicado “el sometimiento, la vejación y el dolor causado a nuestros hermanos, el Capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto por causa de las torturas de sus captores y el joven Rufo Chacón Parada, desfigurado y ciego por las fuerzas policiales mientras manifestaba por la falta de gas doméstico”.
“Estas dos víctimas hoy representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos han sido invisibilizados”, afirmaron los obispos.
En este sentido la Conferencia Episcopal denunció que “la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, excesos policiales perpetrados con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin contra los venezolanos, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales, y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia”.
SF/MC