La interna de Consenso Federal sigue en pie en la Ciudad. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño habilitó este lunes a los candidatos a legisladores y jefe de gobierno de
la lista apadrinada por Margarita Stolbizer y Luis Barrionuevo a competir contra la nómina lavagnista que encabeza Matías Tombolini.
El sábado pasado, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, había hecho lo mismo con las candidaturas para cargos nacionales que encabezan Julio Bárbaro (senador) y Carlos Campolongo (diputado).
Mabel Bianco, Julio Bárbaro, Gretel Ledo y Carlos Campolongo.
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Sin embargo, el lavagnismo apeló la decisión de Servini y ahora es la Cámara Electoral la que tiene la palabra final. Debe proclamarse en el transcurso de las próximas 72 horas.
“Esto confirma nuestras sospechas de que el rechazo de la junta electoral partidaria fue una decisión política. No quieren que compitamos”, plantean desde el GEN de Stolbizer y el barrionuevismo.
Pero la decisión del TSJ es inapelable. Por lo cual, el radical disidente Miguel Ponce, candidato a jefe de gobierno, y José Luis Ludueña (del GEN) como primer legislador quedaron firmes en la competencia contra los candidatos locales del lavagnismo: Tombolini como jefe de gobierno y Eugenio Casielles, primer legislador.
Los cinco miembros del tribunal plantearon en el fallo que “la fundamentacion de la mayoría de la Junta Electoral para rechazar la lista no brinda certeza respecto de las razones que motivaron su decisión, toda vez que se apoya en argumentos confusos y contradictorios”.
Por eso, decidió hacer lugar al recurso de apelación, “revocar la decisión de la Junta” y “mandar que se registre, notifique y publique” la lista en cuestión.
La semana pasada, la Junta Partidaria de Consenso Federal había proclamado la lista encabezada por Tombolini como jefe de gobierno y Marco Lavagna como candidato a diputado, pero había impugnado por “irregularidades” la lista denominada “Progresistas” en todas sus categorías.
Señalaron que “hubo cargas por fuera del horario de cumplimiento de la carga” y que “faltaban avales“, entre otras cuestiones.
Si bien el sector progresista apeló a la Junta, el órgano partidario rechazó el planteo y se mantuvo firme en la impugnación que escaló a la Justicia.