Julio De Vido continúa sumando complicaciones en la Justicia federal. Mientras disputará desde el Penal de Ezeiza las elecciones en una lista vinculada al peronismo, el ex ministro de Cristina Kirchner
está cerca de ser enviado a juicio oral por el desvío de fondos en la mina de carbón de Santa Cruz. Es el expediente por el cual quedó detenido. El juez Luis Rodríguez le pidió al fiscal Carlos Stornelli que formule la acusación final contra De Vido.
Esta semana, la Oficina Anticorrupción (OA) en su rol de querellante solicitó al juez Rodríguez que envíe a juicio oral a Julio De Vido, Roberto Baratta y Jorge Mayoral -junto a otras 16 personas que se encuentran procesadas por el delito de administración fraudulenta- por el desvío de fondos durante la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).
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Cuando Stornelli formule su acusación, el magistrado podrá redactar la elevación a juicio oral.
Son días difíciles para el ex ministro de Planificación. Esta semana, el juez Daniel Rafecas lo envió a juicio por haber favorecido a la empresa Odebrecht en la adjudicación de contratos para la ampliación de gasoductos. En tanto, enfrenta junto a Cristina Kirchner el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) por direccionar obra pública vial en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
Mina de Rio Turbio YCRT en Rio Turbio, Santa Cruz. Foto. Maxi Failla
En este expediente, Rodríguez investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz. El ex ministro está acusado de haber malversado 265 millones de pesos.
Los 19 imputados están acusados de haber participado de una “maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal, y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio”.
Según determinó el juez, en la maniobra intervinieron además los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (Santa Cruz), y la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la UTN y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz”, a través de la cual fluían los fondos desde Planificación hacia YCRT.
La justicia estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, “en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos”, según el escrito de la OA. Ese importe se integra por los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados, que ascienden a 91.990.804,92 pesos y 84.083.569,00 pesos respectivamente.
Parte del trabajo que realizan para mejorar la producción de YCRT. Foto: Maxi Failla.
Desde la Subsecretaría de Control de Planificación se disponía la “asignación de fondos y se determinaban las facturas que debían cancelarse”, área que dependía directamente de Julio De Vido. “Se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos”, determinó el juez. Es por ello que la maniobra investigada “reportó un claro perjuicio patrimonial al Estado”.
Usina de Rio Turbio (Isolux Corsan) en Santa Cruz Argentina. Foto. Maxi Failla