Cristina Kirchner es la ex presidenta que ostenta un particular récord judicial: tiene la mayor cantidad de pedidos de prisión preventiva en su contra. En total son siete, cuya mayoría se
encuentran vinculados a sus procesamientos en la causa conocida como los cuadernos de las coimas. En caso de asumir como vicepresidenta de la Nación, la Justicia deberá cursar nuevamente al Congreso los pedidos de desafuero. ¿Qué podría ocurrir entonces?
El primer pedido de prisión preventiva contra Cristina fue ordenado por el juez Claudio Bonadio el 7 de diciembre de 2017, cuando la procesó de encubrimiento agravado y estorbo de un acto de la función pública por la firma del Memorándum con Irán.
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Entonces, el magistrado envió una notificación al Senado para que se vote el desafuero de la representante de Unidad Ciudadana, y así poder hacer efectiva su prisión preventiva. Pero Miguel Ángel Pichetto -el ex jefe de la bancada peronista, ahora precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri-, planteó un criterio aún sostenido: sin una condena firme no se avanzará en un desafuero.
Desde entonces, la ex mandataria y actual precandidata a vicepresidenta sumó un nuevo pedido de prisión preventiva, ya en el marco de la causa de los cuadernos, en la que fue acusada de dirigir una asociación ilícita y se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).
Al momento de justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto ella como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, y que la ex presidenta “podría entorpecer” la investigación.
Este pedido, como el procesamiento de la ex presidenta, fueron confirmados por la Cámara Federal porteña, que habilitó a que se pida nuevamente su desafuero en la Cámara Alta. El juez determinó entonces que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora.
La Justicia determinó que Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.
Esto le valió a Cristina Kirchner cinco pedidos más de prisiones preventivas junto a nuevos procesamientos en expedientes conexos a la causa principal de cuadernos.
Pero ¿qué sucede si la senadora gana la elección y asume como vicepresidenta de la Nación?
Según explicaron algunos constitucionalistas, al dejar de ser senadora ya no se deberá votar por un eventual desafuero. Los legisladores nacionales tienen un proceso específico de remoción -el desafuero- para poder ser sometidos a la jurisdicción ordinaria penal.
Pero los titulares de otros cargos como presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte, conforme lo prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional, son removidos a través de un juicio político que se tramita ante el Congreso, oficiando la Cámara de Diputados como Cámara acusadora y el Senado como Tribunal, que con el voto de los dos tercios de sus miembros resolverá la remoción o no de la persona que esté sometida a juicio político.
Es lo que ocurriría con Cristina: si fuera electa, debería enfrentar un proceso más complejo que un desafuero para quedar en manos de la justicia.
Si para entonces el Congreso no hubiera tratado los pedidos de desafuero que envió el juez Bonadio, los mismos no se prorrogan automáticamente, y quedarían en nada.
El cambio de status de la persona acusada -en este caso sería Cristina Kirchner- exige a la Justicia que vuelva a realizar los pedidos para hacer efectiva la prisión preventiva en el ámbito constitucional que corresponda. Inclusive, si son idénticos a los anteriores, debe exigirse que se fundamente por qué se lo vuelve a realizar en este nuevo contexto institucional.