Por primera vez Cristóbal López y Fabián De Sousa enfrentarán un juicio oral por corrupción. Junto a ellos, se encuentra acusado Ricardo Echegaray. Están procesados por el delito de administración fraudulenta
agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado. Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tributó.
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, dará inicio este jueves al juicio contra los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP durante la gestión anterior. El fiscal ante el TOF será Juan García Elorrio y con más de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima una duración de cinco meses de desarrollo.
En este expediente que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-“.
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Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Se analizaron los períodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015. Por ello los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray se encuentran procesados por haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones al no pagar a la AFIP. El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.
En el caso de Echegaray fue procesado por el juez Ercolini como coautor de la maniobra. En tanto, López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, determinó la Justicia.
Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.
Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.
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