El estado de Nuevo México demandó este lunes al Gobierno de presidente Donald Trump por violar la política de “liberación segura” de migrantes que, tras solicitar asilo al cruzar la frontera
sur, quedan al cuidado de organizaciones caritativas y de los gobiernos locales.
De acuerdo con la demanda, esta política de liberar a las familias, en su mayoría de países centroamericanos que viajan con hijos menores de edad, están poniendo una fuerte presión en comunidades fronterizas que deben utilizar sus propios recursos para asistir a los migrantes.
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“La administración Trump ha fallado de manera constante y flagrante en su respuesta a la actual crisis humanitaria en nuestra frontera sur, así como en abordar las preocupaciones legítimas de seguridad fronteriza”, dijo en un comunicado la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.
“Se necesitan remedios a largo plazo; el objetivo de esta acción legal es proteger en igual medida a los nuevo mexicanos y gobiernos locales en el sur de nuestro estado, así como a los individuos que buscan asilo y que han sido tratados con negligencia por las decisiones de Washington”, enfatizó la gobernadora.
Michelle Luján Grisham, gobernadora del estado de Nuevo México. /Web
Lujan Grisham indicó que anteriormente el Gobierno federal transportaba hasta su destino final a los migrantes que eran arrestados en la frontera y solicitaban asilo político; sin embargo, recordó, este procedimiento terminó en octubre de 2018.
En la actualidad, los migrantes son liberados a su suerte en las comunidades fronterizas donde el gobierno y organizaciones locales tratan de asistirlos con agua, comida y un lugar donde dormir mientras contactan a sus familiares y compran pasajes de autobuses para llegar a su destino.
En la demanda, Nuevo México asegura que esta política deja a personas y familias vulnerables sin asistencia y agobia tanto a los gobiernos locales como a las organizaciones sin fines de lucro.
También solicita el reembolso de los costos como resultado de la liberación de familias inmigrantes en ciudades fronterizas.
El recurso legal, que fue presentado ante la Corte Federal de Distrito de Nuevo México, tiene como codemandante a la ciudad de Albuquerque, que ha recibido en las últimas semanas cientos de inmigrantes indocumentados liberados por Inmigración.
Tim Keller, alcalde de Albuquerque, indicó en el propio comunicado que al abandonar la política de “liberación segura”, el Gobernó federal está afectando directamente a los estados fronterizos.
Albuquerque recibe semanalmente entre 150 y 250 migrantes.
En el pasado mes de mayo, las autoridades detuvieron a 132.887 personas por entrar ilegalmente al país, casi tres veces más que los 51.862 del año pasado.
De los detenidos por cruzar ilegalmente, 11.507 eran menores sin la compañía de un familiar adulto y 84.542 formaban parte de grupos de familias en los que hay al menos un menor de edad.
Nuevo México no es el primer estado en dar curso a una demanda de este tipo. En abril, el condado de San Diego, California, presentó un recurso similar.
Fuente: EFE