El escándalo por la filtración de las explosivas conversaciones telefónicas en las que los detenidos Lázaro Báez, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y los dirigentes peronistas Eduardo Valdés y Carlos Zelkovicz
intercambian detalles sobre la Operación Puf para dañar la causa de los cuadernos de las coimas, sigue ganando volumen. Tras la acusación de la oficina de escuchas judicial sobre una supuesta responsabilidad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la casa de los espías negó cualquier participación en la difusión de los audios.
Atrapadas bajo la norma del secreto y la reserva que debería guiar sus acciones, fuentes de la AFI desmintieron ante Clarín haber tenido algo que ver con la entrega de las pinchaduras telefónicas que luego se difundieron en TN y La Cornisa. “No tenemos nada que ver”, insistieron.
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Según un comunicado difundido este viernes, “la AFI niega tener ningún tipo de responsabilidad con la filtración de las escuchas, resultando absolutamente ajeno a este organismo los sucesos de dominio público”, empieza el texto.
“El trabajo de esta Agencia se circunscribió exclusivamente al cumplimiento de las medidas dispuestas por el Magistrado y dentro del marco objeto de la investigación”, sigue, en relación al pedido del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena para que los espías desgraben y procesen los audios captados por el organismo de escuchas judiciales en el marco de una causa por terrorismo.
“El material entregado a la AFI fue conservado bajo estrictas medidas de seguridad desde su recepción y hasta su posterior entrega al Tribunal, luego de la realización de las tareas de transcripción ordenadas por el Juez”, aclara la Agencia. Y dispara el párrafo más importante: “La AFI remitió periódicamente los informes correspondientes junto con las transcripciones, en las cuales no se involucraba a las personas detenidas por disposición del Dr. Bonadio en el Complejo Penitenciario Federal N° 1″ de Ezeiza.
“El 11 de febrero de 2019, el propio Juez a cargo de la investigación (Villena), hizo saber a la Agencia que el juzgado federal porteño 11 -a cargo de Bonadio- se encontraba autorizado a requerir la información y el contenido de las escuchas telefónicas ordenadas, a quien se le comunicó que la AFI había devuelto los CD’s y transcripciones al Juzgado de Lomas de Zamora. Luego de ello, Bonadio remitió a esta Agencia los CD’s a efectos de que se realicen las transcripciones en relación a la causa a su cargo en la que se encontraban involucradas personas detenidas en el penal de Ezeiza”, enumeran los espías, que ratifican que su actuación “se circunscribió exclusivamente al cumplimiento de las medidas dispuestas por los Magistrados intervinientes, y siempre dentro del marco del objeto de investigación y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el accionar de esta Agencia”.
En una acusación que apenas buscó disimularse, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia y dirigen los jueces Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, había informado este martes que “la Agencia Federal de Inteligencia retiró de la Dirección los CD’s bajo estrictas normas de seguridad, con anterioridad a la publicación en los medios de comunicación de información que según se indicaba correspondía a parte de esos audios”.
Para sostener su inocencia respecto a las filtraciones, los titulares del organismo encargado de hacer las escuchas explicaron el proceso de captación de los audios -ordenado por un juez, tramitado ante las diversas compañías telefónicas, grabado “sin intervención humana alguna” y luego entregado a las fuerzas auxiliares designadas por cada magistrado, como la Policía Federal, la Gendarmería o la AFI, para su desgrabación- y echaron sombras sobre la agencia de espionaje: “en este caso, la Agencia Federal de Inteligencia retiró de la Dirección los CD’s bajo estrictas normas de seguridad”, recalcaron,
“Cuando un juez dispone que una fuerza de seguridad o la AFI cumplan la función de escuchar o transcribir escuchas telefónicas, su tarea como auxiliares del juez se encuentra bajo la responsabilidad del magistrado, porque es quien la ordenó. La AFI no puede realizar inteligencia con el material obtenido en su rol de auxiliar de la justicia“. La lectura de las dos frases encadenadas no deja dudas sobre la intención de lo jueces de la Dajudeco.
Pero si aún quedaran dudas, ajustaron mejor su mira: “debe destacarse que la AFI y un fiscal federal solicitaron también tener una desgrabación, y en ambos casos se denegó la solicitud“.
Esta fue una de las frases que más enojó a los espías. “Quedamos en medio de una desinteligencia entre los jueces”, se queja uno de sus agentes vinculado al tema. “El doctor Villena retiró la copia de todos los audios y destruyó los que no necesitaba. Cuando Bonadio le pidió las otras por su investigación de la Operación Puf, él lo derivó con nosotros, que por supuesto no teníamos nada. Por eso fuimos a pedirlos a la Dajudeco, que es la oficina que los tenía y finalmente se los dio”.
Otro detalle del informe oficial que los directivos de la Dajudeco elevaron a la Corte relata la secuencia con que los famosos audios llegaron a manos del juez Bonadio, quien investiga si en la Operación Puf hubo delitos y si se intentó coordinar un ataque contra la causa delos cuadernos de las coimas. Según ese relato, “la Dirección no recibió en ningún momento orden alguna para destruir los audios”, sino que entregó una copia de esas pruebas a Bonadio, quien las pidió con una copia certificada del juez original que había encargado las escuchas, Federico Villena. “Los audios en todos los casos se conservan en un back up -al cual no se puede acceder sin orden judicial y es auditado- por un lapso de diez años”, aclararon. Es decir, que la cadena de custodia y la validez de las pruebas contenidas en esas escuchas sería total.