Después de que el juez federal Claudio Bonadio iniciara los trámites para enviar a juicio a Cristina Kirchner en el expediente que investiga la supuesta tenencia irregular de los documentos históricos
hallados en su casa de El Calafate durante un allanamiento ordenado en la causa de los cuadernos de las coimas, la fiscal Alejandra Mangano pidió una serie de medidas de prueba antes de formular su acusación.
Después que la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex presidenta -aunque modificando su calificación- Bonadio le corrió vista a la fiscal del caso Alejandra Mangano para que realice la acusación y elevación a juicio. Cristina estaba acusada del delito de encubrimiento, pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun decidieron modificar esa calificación y se la procesó por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
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La fiscal Mangano planteó que “ya que se han modificado la hipótesis primigenia, por lo que habré de solicitar la realización de medidas probatorias tendientes a respaldar la acusación”, indica el dictamen al que accedió Clarín.
Esta causa es una derivación de la de los cuadernos. En uno de los allanamientos en la casa de la actual senadora en El Calafate, la Justicia encontró el original de un prontuario policial de Hipólito Yrigoyen y una carta que José de San Martín le había enviado al prócer chileno Bernardo O’Higgins. Ambos documentos -que se entregaron bajo custodia al Archivo General de la Nación– son “auténticos”, y la Justicia determinó que su adquisición fue de forma ilegal.
Aunque no lo declaró en la Justicia, en su libro “Sinceramente” la ex presidenta dijo que esta última misiva se la había regalado Vladimir Putin, quien la habría comprado en una subasta en Nueva York.
Por ello, la fiscalía solicitó que se pida a la Cancillería que a través de su par en la Federación de Rusia se “corrobore si el presidente Vladimir Putin entregó como presente el manuscrito atribuido al General San Martín a la ex Presidenta Cristina Kirchner” y que se “aporte documentación o información relativa a la compra del documento efectuada en Nueva York”.
Cuando el juez Bonadio procesó a Cristina se refirió a la “tenencia irregular de ambos elementos”, lo que a su entender “constituye el objeto procesal” de la causa. Se detalló que lo secuestrado aplica a la categoría de “documentos históricos”, en función de la definición de la ley que da creación al Archivo General de la Nación.
Junto a este planteo, se señaló que el punto relevante es la “procedencia ilícita de ambos objetos”. En primer lugar, Bonadio explicó que el prontuario debió haberse conservado en la Policía Federal Argentina,como todos los de la época, “tal como lo sostuvo el Subcomisario de la División de Legajos”. En relación al documento del general San Martín, indica la resolución: “La carta fue hurtada en 1981 en la República de Chile de un lote completo de correspondencia de San Martín a O´Higgins. Así lo informan con amplia certeza todos los historiadores especialistas en la materia”.
Pero al analizar el procesamiento, la Cámara Federal porteña indicó que “no puede afirmarse con certeza la procedencia de ambos instrumentos, es decir si la carta efectivamente integró el lote hurtado del Archivo Nacional de Chile en el año 1981, y si el prontuario hallado se encontraba o no a resguardo en la División Legajos Personales de la Policía Federal Argentina”. Por eso, modificaron la calificación del delito por la de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que la ex mandataria no inscribió la recepción de esos documentos ni informó de su tenencia como indica la Ley 15.930.
“Los documentos históricos examinados, por su naturaleza, forman parte de la historia y, como tales, son considerados por la ley como patrimonio cultural de la sociedad y no deben ser atesorados en secreto para el usufructo personal. De allí que, tras su recepción, era no sólo esperable sino también ineludible que Fernandez de Kirchner informara al Archivo General de la Nación su tenencia, pues ello era una obligación expresa de la ley cuyo desconocimiento no puede alegar con éxito ni ampararse en una interpretación forzada de sus previsiones atento a la claridad normativa sobre el punto”, plantearon los camaristas.
Con estos antecedentes, y después de tres semanas de licencia, Bonadio firmó la resolución que le pide a la fiscalía que formule el dictamen de acusación para poder elevar la causa a juicio oral. Antes de ello, Mangano ordenó una serie de medidas.
Las medidas pedidas
Pero ahora la fiscal, solicitó que se realice un estudio interdisciplinario sobre el manuscrito atribuido al General San Martín dirigido a Bernardo O´Higgins, escrita en París, durante su exilio, fechada el 26 de diciembre del año 1835, “a efectos de determinar si lo secuestrado constituye una carta original o un borrador de ella”, señaló.
En segundo lugar, se solicitó que se libre una rogatoria internacional a Chile para determinar si la pieza en cuestión “formó o no parte del fondo Vicuña Mackena saqueada en Chile en 1981. Asimismo, en igual sentido, se reciba declaración testimonial del Archivo Nacional de Chile”.
La representante del ministerio Público Fiscal solicitó que en función de las respuestas se inicie un peritaje comparativo entre otras cartas y la que fue objeto de la investigación.
Respecto al legajo de Hipólito Yrigoyen, se requirió a la División Legajos Personales de la Policía Federal que informe “la fecha en que se ordenó la digitalización de los prontuarios históricos denominados “legajos de museo””. Y al Instituto Yrigoyeneano que “sirvan informar si poseen antecedentes del prontuario” en cuestión “con sus actividades entre 1906 y 1910, o en su caso si el mismo fue mencionado en algún archivo y/o documentos histórico al que hubieran tenido acceso”.