El fiscal federal Abel Córdoba pidió hoy que se condene a tres años de prisión al ex vicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa en la que se lo
juzga por la supuesta falsificación de la documentación utilizada para la transferencia de un auto.
El fiscal formuló el pedido de condena para el ya detenido ex vicepresidente ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 en el marco de los alegatos por el caso de la documentación trucha que se juzga junto con otro hecho: el de las supuestas irregularidades en la compra de vehículos de alta gama cuando era ministro de hacienda.
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La fiscalía también pidió penas de tres años de prisión para la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín; para la titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero y el gestor Alberto Soto, mientras que pidió la absolución de otro gestor.
Por la supuesta utilización de documentos truchos de un vehículo Honda en 1992, Boudou ya fue juzgado en 2017 y absuelto por prescripción, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo y dispuso realizar un nuevo debate en el que ahora la fiscalía pidió penas para la mayoría de los acusados por falsificación de documentos públicos.
Concluidos los alegatos del fiscal, el debate oral y público continuará con los de las defensas de los acusados y luego se dará paso a la indagatoria de Boudou por el caso en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra de 19 autos para el Ministerio de Hacienda en 2009.
Por la compra de autos de alta gama son juzgados, además, los titulares de la concesionaria en la que se realizó la operación, Fernando y Guido Guidi, y el ex titular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo.
Según la investigación del juez Sergio Torres, la compra se hizo por unos dos millones de pesos y los vehículos habrían sido sobrevaluados, además de no justificarse la necesidad de la compra de los rodados para el Ministerio de Economía.
Boudou está procesado por “administración fraudulenta agravada” y éste es el tercer juicio oral que enfrenta desde que dejó la función pública: el primero fue por la falsificación de los papeles de su auto.
El segundo fue por delitos cometidos en el traspaso de la imprenta Ciccone Calcográfica durante su paso por el Ministerio de Economía, por los que recibió una condena a 5 años y 10 meses de cárcel. La cámara de casación penal debe decidir si confirma o no está condena, luego de un postergado debate que tuvo lugar la semana pasada.
El TOF 8, a cargo del debate, está integrado por Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli.