Los poco más de seis meses que duró la subrogancia de Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca en 2015 están a un paso de ser puestos
bajo la lupa judicial. El fiscal adjunto Gabriel González Da Silva opinó que “hay elementos” para investigarlo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante aquel período. Varios empleados del juzgado bahiense aseguraron haber sufrido “presiones psicológicas”, “amenazas” y “aprietes encubiertos” de parte del magistrado y la decena de colaboradores que lo acompañaron entre junio y diciembre de aquel año.
A poco de tomar posesión tras ser nombrado por la mayoría K en el Consejo de la Magistratura, Ramos Padilla denunció la “grave situación” en la que dijo haber encontrado al juzgado. Planteó presuntas irregularidades, “infracciones administrativas” y “graves defectos funcionales” antes de encarar lo que llamó “una reorganización”. En noviembre pasado, como anticipó Clarín, el juez Walter López Da Silva cerró sin responsables el sumario que ahora analiza la Cámara. Pero tomó nota del “clima intimidatorio” descripto por los empleados durante el interinato y le pidió al fiscal que evalúe si debía investigarse.
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En un escrito enviado al juez la semana pasada, González Da Silva, subrogante en el Tribunal Oral bahiense, argumentó a favor de instar a la acción penal. Tuvo en cuenta casos como el de empleadas a las que no se le respetó el tiempo de lactancia, denuncias de sobrecarga horaria y situaciones compatibles con el acoso laboral, entre otras. Fuentes del juzgado adelantaron que el juez aceptaría esta semana la postura del fiscal y le ordenaría que inicie la instrucción por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
“Se impone la necesidad de instruir una investigación penal que determine efectivamente la concreción (o no) de sucesos delictivos puntuales” concluyó González Da Silva. Sostuvo que no solo se debe investigar al juez, sino también a quienes lo acompañaron en el interinato, entre los que hay empleados del juzgado de Dolores y otros nombrados desde la Procuración de Alejandra Gils Carbó y por el Consejo de la Magistratura de entonces.
Otro motivo por el cual el interinato de Ramos Padilla está en la mira es el freno a una causa clave contra Lázaro Báez. Ese expediente lo liga a él y su hijo Martín con los grupos bahienses Ficcadenti, Pereyra y Pedraza como miembros de una asociación ilícita fiscal. Están acusados de proveer de facturas apócrifas a Austral Construcciones, en una maniobra que habría permitido la simulación de operaciones, ocultamiento de sobreprecios y evasión de tributos por un daño al fisco de 670 millones de pesos. Seria el delito precedente para la causa por lavado de dinero que se le sigue a Báez.
Pese a que el expediente no avanzó durante su interinato, para el fiscal González Da Silva, no habría elementos para indagar si Ramos Padilla buscó encubrir a Báez y el resto de imputados, Sin embargo, antes de cerrar el caso, pide, entre otras medidas, que se analicen causas conexas para determinar si hay elementos que indiquen alguna obstrucción a la investigación. Son los expedientes instruidos por el juez Sebastián Casanello por lavado de dinero contra Báez y por el cierre de la regional de AFIP Bahía Blanca en agosto de 2012, hecho por el cual irá a juicio Ricardo Echegaray.