El tiempo perdido haciendo trámites tiene un valor; y el daño moral que generan las dilaciones innecesarias debe ser indemnizado. Estos conceptos se desprenden de un fallo de la Justicia de
Rosario, que le aplicó una fuerte multa a una prepaga por haber demorado la cobertura médica de su chica discapacitada. Todo, a pesar de que un fallo anterior había ordenado que lo hiciera.
La Sala A de la Cámara Federal de esa ciudad santafecina condenó a la Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) a pagar $ 100.000 en concepto de daño moral en favor de la mamá de la menor, que fue quien inició la demanda.
El fallo, suscripto por los camaristas Aníbal Pineda y Fernando Lorenzo Barbará, culpa a la aseguradora de dilatar “injustificadamente la efectivización de las prestaciones e incluso negándolas sin motivo alguno”, pese a que existía una sentencia firme que lo ordenaba.
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El Tribunal de Apelaciones concluyó que la mamá de la menor “no encontró una respuesta satisfactoria en la atención recibida”, sino que por el contrario, “la situación por ella vivida durante muchos años, la pérdida de horas de su vida en las tramitaciones que se vio obligada a realizar, le han significado un padecimiento espiritual digno de ser indemnizado a título de daño moral”.
Los magistrados valoraron los testimonios de los médicos tratantes, que relataron, entre otras cosas, que la mamá de la menor “tenía muchos inconvenientes al momento de que le reconocieran algunas prestaciones”, los extensos tiempos para que lo hicieran y que sufría “muchas dificultades al momento de presentar la documentación para que se le autorizaran la medicación en tiempo y forma”.
Una de las testigos, que realizó un acompañamiento terapéutico entre noviembre de 2011 a marzo de 2014 a la menor, sostuvo que tenían “dificultades” para cobrar por sus servicios. “Presentábamos notas de reclamos donde se detallaban la cantidad de facturas impagas”, sostuvo la mujer.
Por otra parte, una psiquiatra que también declaró en la causa coincidió en que “la madre de la menor tenía muchos inconvenientes al momento de que le reconocieran algunas prestaciones” y que los tiempos se extendían para el pago de las medicaciones.
Los jueces, en el documento, apuntaron que “de las pruebas rendidas en autos se infiere que la demandada tuvo una conducta reticente y dilatoria al momento de cumplir con las prestaciones a su cargo, incumpliendo lo ordenado mediante sentencia firme”.
Por ello, se decretó que la atención brindada por la accionada “no cumplió con los dos requisitos mencionados en último término en el artículo 27 de la Ley 23.661, es decir que aquella fuese “suficiente” y “oportuna”, lo que constituye el incumplimiento jurídicamente imputable a la obra social”.
DD