La decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Mariano Llorens, quienes revocaron los sobreseimientos y dejaron con falta de mérito
“Consideramos que la instrucción vislumbra aún un estado incipiente que no ha esclarecido todos los extremos relevantes de los sucesos que componen su núcleo procesal”, concluyeron Bruglia y Bertuzzi al revocar el sobreseimiento que había dispuesto la jueza del caso, María Servini.
A raíz de ello, calificaron como “apresurado” el sobreseimiento y dispusieron que se dicte una nueva resolución una vez que se realicen nuevas medidas de prueba y se disponga toda otra diligencia “que se juzgue conducente para corroborar o desechar la hipótesis planteada”.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia del grupo Clarín por el presunto financiamiento con fondos públicos de una publicidad emitida el 22 de septiembre de 2012 “en la que se hacía referencia a las distintas consecuencias que tendría dicha empresa si no se adecuaba al plan de desinversión establecido en la ley 26522, la “Ley de medios”.
La jueza Servini sobreseyó el 3 de diciembre de 2018 a los imputados por el delito de peculado pero la querella reclamó que se investigue malversación de caudales públicos.
“En ese sentido, indicó que la cuestión no versaba respecto de si se había realizado una erogación extra para financiar las publicidades, sino que esos fondos no habían sido utilizados para los fines previstos”, se explicó.