La impactante imagen de Cristina Kirchner junto a varios de sus más estrechos colaboradores y su ex socio comercial sentados ante un tribunal oral que los juzgará a todos por corrupción
alimenta la inquietud por otra foto, pero mucho más explosiva: ¿la ex presidenta puede terminar presa si la hallaran culpable?
La respuesta es indudable: no. Aunque este martes comenzará a ser juzgada por haber dirigido una asociación ilícita para desviar hacia los bolsillos del amigo y socio familiar Lázaro Báez medio centenar de contratos de obra pública en Santa Cruz que en muchos casos el súbito empresario no se tomó la molestia de terminar, o por los cuales cobró sobreprecios de 65% promedio, Cristina no pasará ni un minuto tras las rejas, aún si los jueces del Tribunal Oral Federal la hallaran culpable.
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Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, sostenida en el jucio por su colega ante el TOF 2 Diego Luciani, la ex presidenta habría sido jefa de una asociación ilícita con la que se cometieron actos de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. El rango de penas por esos tres delitos oscila entre los 5 y 16 años de prisión, que por superar el piso de tres serían de cumplimiento efectivo para cualquier condenado con sentencia ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero Cristina tiene fueros parlamentarios hasta 2023 por su investidura como senadora. Ese controvertido escudo protector la mantiene inmune también de las órdenes de prisión preventiva que dictó contra ella el juez Claudio Bonadio, en la causa por la supuesta complicidad con Irán para proteger a los acusados de esa nacionalidad por el atentado a la AMIA, y en la causa de los cuadernos de las coimas por haber dirigido otra asociación ilícita que recogía sobornos de empresarios contratistas y concesionarios del Estado. El necesario desafuero ya fue descartado por el peronismo.
Si en este y los próximos juicios en camino a la viuda de Néstor Kirchner -el de las recientemente unificadas causas Hotesur y Los Sauces, por ejemplo, que podría comenzar en septiembre- la flamante precandidata a vicepresidenta por Unidad Ciudadana fuera condenada, junto con el refugio de los fueros comenzaría una larguísima cadena de apelaciones y recursos para empujar esa hipotética sentencia hacia un futuro tan lejano como incierto. ¿El espejo? Carlos Menem, otro ex presidente condenado por corrupción, sentado en el Senado mientras pedalea aquellas sentencias ante la Casación y la Corte.
Mal no le va: ya logró que el máximo tribunal pena del país mandara al archivo la súper probada condena por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador bajo la excusa de que transcurrió “un tiempo razonable” desde los hechos ocurridos en 1995. Ese mismo tiempo que Menem y el resto de los acusados fueron ganando con decenas de recursos, apelaciones y chicanas, con la indiscutible ayuda de la justicia.
Sólo para recordar: la causa por la obra pública en Santa Cruz recién comienza a juzgarse ahora porque los tribunales terminaron de desmalezar otra maraña de recursos y subterfugios procesales sembrados para demorarla. Y si hubiese sido posible, para extraviarla en la noche de la impunidad.