Junto con la sorpresa por la selección de Cristina Kirchner respecto a su compañero de fórmula -que incluyó una inversión en el orden natural de sus términos- se difundió un dato
errado: que el elegido Alberto Fernández no tenía causas abiertas en la justicia. En verdad, al ex referente del massismo y el cavallismo se lo investiga por el supuesto beneficio irregular al contratista K Cristóbal López con un acuerdo extrajudicial que habría permitido licuar una deuda de casi 250 millones de pesos de la empresa Alcalis de la Patagonia. Junto a Fernández, están imputados otros viejos integrantes del gabinete de Néstor Kirchner, dos de los cuales dos tienen protagonismo en esto días. El economista Roberto Lavagna y el juez de la Corte Horacio Rosatti.
Este expediente, cuya existencia es muy poco conocida, fue iniciado por una denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez, y cayó por sorteo en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita. Primera aclaración: Ercolini integra la lista de réprobos que “deberán dar explicaciones” por sus investigaciones a Cristina Kichner y sus funcionarios, según la amenaza formulada por Alberto Fernández el martes pasado. Aquella inclusión llamó la atención: el ex jefe de Gabinete fue uno de los principales patrocinadores en la carrera de Ercolini, de quien además fue compañero en el equipo docente de la cátedra de Derecho Penal de la UBA que dirigía en recientemente fallecido ex procurador Esteban Righi.
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Hace dos años, el fiscal Rodríguez denunció a Fernández, Lavagna, Rosatti y los también ex ministros Julio De Vido, Alicia Kirchner, Aníbal Fernández, José Pampuro, Carlos Tomada, Rafael Bielsa y Daniel Filmus, por “administración infiel en perjuicio de la administración pública por abuso defraudatorio”.
habría propiciado una “reformulación ilegal de un régimen de promoción industrial, que beneficiaba a la empresa Alcalis de la Patagonia S.A. y la realización de un acuerdo preventivo extrajudicial, por el cual se habría licuado una deuda de casi 250 millones de pesos de aquel momento que la firma tendría con el Estado Nacional”.
Según la acusación, todos ellos habrían convalidado fraudulentamente las condiciones constitucionales para que Kirchner firmara un Decreto de Necesidad y Urgencia que beneficiaba a a la firma Alcalis de la Patagonia, dedicada a la producción de carbonato de sodio en Río Negro. Ese cuestionado decreto habría propiciado una “reformulación ilegal de un régimen de promoción industrial, que beneficiaba a la empresa Alcalis de la Patagonia S.A. y la realización de un acuerdo preventivo extrajudicial, por el cual se habría licuado una deuda de casi 250 millones de pesos de aquel momento que la firma tendría con el Estado Nacional”.
El titular de la PIA pidió que se investigue si los ex funcionarios “participaron de una maniobra que por un lado habría beneficiado a Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos y, por el otro, habría permitido sustituir una deuda a favor del Estado Nacional de aproximadamente 250 millones de pesos por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial irregular, representando un perjuicio para la administración pública”.
Nota al pie: tal como informó Clarín en marzo de 2018 -y él mismo admitió después- Alberto Fernández trabaja como lobbista del detenido dueño del Grupo Indalo, por quien habría visitado al juez Lorenzetti en mayo pasado. Los administradores de la quiebra fraudulenta de la firma Oil Combustibles encontraron en los papeles de esa empresa una factura de 435.600 pesos por “servicios de asesoramiento en materia penal prestados a los señores Cristóbal López y De Sousa”. Que no se habría llegado a pagar, eso sí.
Aquel incómodo expediente sobre la firma Alcalis recuerda también un viejo -y luego lastimado- vínculo entre Alberto Fernández y el juez Rosatti, uno de los impulsores de la polémica decisión del martes que intentó beneficiar a Cristina Kirchner retrasando el juicio oral por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz hacia Lázaro Báez. Rosatti tiene impecables antecedentes jurídicos que justifican su nominación a la Corte por parte de Mauricio Macri. También una larga historia en la militancia peronista.
Otro cortesano con indudables pergaminos -y una exitosa gestión como conductor del máximo tribunal- es Ricardo Lorenzetti, el segundo padrino de la jugada del martes en favor de Cristina. Su nombre fue impulsado en 2004 para integrar la Corte por el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández.
Entre otros cuantos casos, el ahora precandidato también ejerció Influencia directa para “ralentizar” -palabra clave de estos días- el proceso que la jueza federal María Servini condujo contra su ahijada Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente procesada por corrupción tras una investigación de Clarín. Ocurrió en julio de 2007, hace doce años. Y ni siquiera comenzó el juicio oral.