A una semana del ataque al diputado y su asesor frente al Congreso Nacional, el presunto tirador fue extraditado a la Argentina desde Uruguay, donde había sido detenido. Llegó anoche al país en un avión de la Policía Federal. El suegro del acusado fue detenido y ya suman siete las personas involucradas en esta causa.
Juan José Navarro Cádiz (25) fue detenido en Uruguay el 10 de mayo, al día siguiente del ataque a balazos al diputado Héctor Olivares (falleció tres días después en el hospital) y a Miguel Yadón, que murió en el acto.
La Justicia uruguaya aceptó el martes pasado extraditar a Navarro Cádiz (ver aparte) y ayer se hizo efectivo el operativo de traslado. El acusado voló desde Montevideo en un avión perteneciente a la Policía Federal y llegó al país en horas de la noche.
“Las autoridades de Argentina ya están en nuestro país para cumplir los trámites de extradición”, contó por la mañana el fiscal uruguayo Juan Gómez. “Es una cooperación internacional que se cumplió en tiempo récord”, completó.
Navarro Cádiz está apuntado como la persona que disparó contra Olivares (61) y Yadón (58). Y se lo ve en las imágenes de la cámara de seguridad descendiendo del auto desde donde se produce el ataque y luego descartando balas en un tacho de basura de la zona.
El resto de los acusados lo señalaron como el autor de los disparos desde el interior del vehículo. Además, en su departamento se secuestró el arma calibre 40 que se utilizó en el ataque, según confirmaron las pericias realizadas por la Federal.
Una vez en suelo argentino, el Cebolla fue trasladado al Departamento Central de Policía para realizar los trámites administrativos de rutina y luego lo llevaron a los Tribunales.
Ramón Arigós, abogado del principal implicado, adelantó que le recomendó a su cliente no declarar.
Al día siguiente del ataque fueron detenidas seis personas de la comunidad gitana, familiares entre sí: Juan Jesús “el Gitano” Fernández, que aparece en las imágenes en las que se registró el momento del ataque; su hija Estefanía; Miguel Fernández (padre del Cebolla); Rafael Cano Carmona y Luis Carmona.
El séptimo. La causa por el doble crimen del diputado y su asesor sumó un nuevo detenido. Castro Iglesias Montoya tiene 59 años, lo conocen como Riki o Brasilero, porque es de esa nacionalidad. Es el suegro del presunto tirador y primo de otro de los detenidos.
Según informaron fuentes del caso, el Brasilero estuvo bebiendo junto al Gitano Fernández (dueño del Volkswagen Vento usado en el ataque y que se lo ve en el video bajar del auto), y a otros imputados, en las horas previas al ataque. Así lo mencionó en su indagatoria uno de los acusados.
El hombre fue detenido en su departamento de la calle Rodríguez Peña 34, a pocas cuadras de donde se produjo el hecho.
Además, a Montoya le secuestraron un automóvil Volkswagen Passat, que será peritado.
Aún el móvil del doble crimen es un misterio. Los detenidos coincidieron al declarar que no conocían a las víctimas. “No tenemos ninguna certeza respecto a los móviles o motivos del ataque por ahora. Hasta ahora no se encontró conexión entre los autores del atentado y las víctimas”, explicó esta semana el jefe de la Federal, Néstor Roncaglia.
En un primer momento se habló de un crimen por cuestiones políticas pero rápidamente fue descartado. Luego, se apuntó a un crimen por cuestiones sentimentales pero fue perdiendo fuerza porque aún no se estableció vínculo entre víctimas y victimarios.
El ataque se produjo a las 6.51 en la intersección de Rivadavia y Rodríguez Peña, mientras el legislador y el asesor se encontraban caminando por la Plaza del Congreso. Fueron atacados a balazos por desconocidos que estaban estacionados sobre Rivadavia.
Qué condiciones puso el juez uruguayo para firmar el traslado
Las partes se pusieron de acuerdo el martes pasado para firmar la extradición de Juan José Navarro Cádiz, alias Cebolla, que está sindicado como el que disparó y mató al diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón.
Pero para el traslado del ciudadano argentino se tuvieron que aceptar las condiciones que impuso el juez del caso en Uruguay. Tanto la fiscalía argentina como el abogado y el imputado estuvieron de acuerdo.
Uno de los requisitos que puso el magistrado fue que Navarro Cádiz no fuera condenado a cadena perpetua, ya que es una pena que no está contemplada en la legislación local. Así lo explicó el fiscal uruguayo Juan Gómez en diálogo con la prensa argentina. También se requería que fuera juzgado por el hecho que produjo su detención en tierra uruguaya el 10 de mayo pasado, que fue justamente el ataque a los funcionarios. El acusado había logrado salir del país durante las primeras horas del viernes por el cruce de Colón-Paysandú, en la provincia de Entre Ríos.