Pocos días después del comienzo del juicio oral a Ricardo Echegaray por haber acusado falsamente a Alfonso Prat Gay de ayudar a varias personas a evadir impuestos, la justicia mantiene su
lupa sobre las operaciones de persecución que con frecuencia se desarrollaron desde la agencia recaudadora contra opositores al entonces gobierno kirchnerista.
Después que el juez Daniel Rafecas procesó a Germán Bravo, jefe interino de Dirección Regional Centro de la AFIP, como responsable de encabezar un operativo en una causa que se inició contra Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, el magistrado amplió los procesamientos al superior de Bravo, Roberto Mazal (jefe de jurídicos Regional Centro) y a su vez, al superior de este último, es decir al Director de la Regional Centro Fidel Chiapperi. Conjuntamente, citó a indagatoria al superior de Chiapperi, que es el Subdirector de Operaciones Impositivas, Fabián di Risio.
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En su primera resolución de 2017, el magistrado consideró que Bravo incurrió en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En su resolución consignó que todo se hizo con el fin de “incentivar y motivar una campaña de desprestigio a quien por entonces, era legisladora Elisa Carrió”.
En esta misma línea, este martes dictó nuevos procesamientos para dos altos funcionarios de la AFIP: Fidel Chiapperi -Jefe de la Dirección Regional Centro de la AFIP-, y Roberto Mazal -Jefe de la División Jurídica de dicha Regional-. Los encontró autores del delito de abuso de autoridad se les trabó embargo por 250.000 pesos.
En tanto, el 13 de junio fue citado a indagatoria quien era el superior jerárquico de ambos nombrados, Fabián Di Risio, Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas.
En 2013 en pleno año electoral de medio término, Elisa Carrió fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito por el abogado Gustavo Ogni, después de que la Revista Veintitrés, de Sergio Szpolzki publicó que la legisladora estaba construyendo una chacra que no se correspondía con sus ingresos.
La empresa involucrada en las operaciones denunciadas era Urbaland.SA, que “había vendido algunos lotes de un emprendimiento que tenía en la localidad de Capilla del Señor a precio subfacturado, lo cual constituiría una hipótesis de evasión”.
La causa tuvo dos etapas. En la primera Carrió presentó la documentación correspondiente ante la justicia federal y allí el fiscal Carlos Stornelli y el juez Sergio Torres concluyeron que la entonces diputada “justificó la evolución de su patrimonio, desvirtuando la sospecha de que tal acrecentamiento fue producto de un accionar ilícito en el marco de la función pública desarrollada”.
Pero la situación no quedó zanjada allí. Al existir la sospecha de que la empresa involucrada habría realizado alguna maniobra evasión, la AFIP Dirección Regional Centro -a cargo de Germán Bravo- procedió con un allanamiento que debía dirigirse sobre Urbaland.SA por varias operaciones, pero que se realizó sobre unos lotes en la zona donde vive Carrió.
Ahora, con los nuevos procesamientos el juez dio por probado que Chiapperi.fue quien le ordenó a Mazal y a Bravo “llevar adelante el trámite express en contra de Carrió, y que Mazal, en persona, viajó a la localidad de Campana junto con su subordinado Bravo, para gestionar personalmente la obtención del allanamiento y luego ambos participaron del mismo”. Así, los tres altos funcionarios quedaron procesados. Para Rafecas todo el operativo de la AFIP “fue exagerado y desviado de su función, con el único fin de utilizar el poder de policía del organismo para una campaña de desprestigio de una opositora política en plena etapa pre-electoral de las elecciones de medio término a fines de 2013″.
La investigación en la AFIP se originó a partir de una noticia publicada el 25 de mayo de 2013 en la Revista Veintitrés, titulada “La nueva casa de Lilita”, que puso en tela de juicio la compra por parte de Carrió de un terreno en el complejo habitacional “Chacras de la Cruz”, y la posterior construcción de un inmueble en aquel predio.
A partir de dicha noticia, se desencadenó en forma inmediata un operativo de la AFIP que apuntó a involucrar a Carrió en una supuesta investigación impositiva, al desplegarse un allanamiento en el barrio de chacras donde aquella había adquirido un lote, procedimiento del cual participaron altos funcionarios (como Mazal y Bravo) y unos treinta agentes del organismo.
El allanamiento fue pedido por la AFIP en un “juzgado que no era el competente, a raíz de una actuaciones armadas en las 48 horas previas, y por razones muy escasamente fundadas”.
Las decisiones que condujeron a realizar el operativo de la AFIP y cómo se concretó el mismo fueron denunciadas por el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, que llevaba la causa por una presunta evasión fiscal que involucraba a Urbaland.
¿Cómo fue el operativo denunciado? El 21 de marzo de 2014 Bravo pidió ante la justicia “una solicitud urgente de allanamiento”. Sobre la empresa investigada la AFIP detalló doce operaciones de venta del año 2012, vinculadas a distintos terrenos ubicados en el “Club de Campo Chacras de la Cruz”, situado en Capilla del Señor, donde vive Carrió.
Según la denuncia, el “encuadre legal” utilizado por el Jefe regional de la AFIP no era el correcto, ya que no presentó la solicitud ante el juzgado de López Biscayart que tenía a cargo la causa (y que correspondía por el domicilio fiscal de Urbaland.SA), sino que se hizo “ante la justicia federal de Campana”.
La tercera irregularidad denunciada fue que en vez de sostener el pedido de allanamiento del domicilio fiscal de la sociedad, y de quien tendría acceso a las cuentas bancarias de la empresa, “se haya desistido de su registro y preferido allanarse cuatro lotes que pertenecían a terceros ajenos a la contribuyente”.
Además, transcurrieron 50 días desde el pedido formal de allanamiento en el juzgado de Campana hasta que la AFIP denunció en el fuero Penal Económico a la empresa Urbaland.por evasión.