Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro
de agua de Lima, habitada por unos 10 millones de personas.
La medida cautelar acompaña a una acción de amparo presentada días atrás ante el temor de que los relaves de la mina puedan filtrarse hasta el túnel transandino, que toma las aguas de la laguna de Marcapomacocha, a 4.400 metros de altitud, para llevarlas por debajo de los Andes hasta la cuenca del río Rímac.
Las acciones legales fueron anunciadas este martes en conferencia de prensa por las congresistas del bloque de izquierda Nuevo Perú Marisa Glave y Katya Gilvonio; la directora de CooperAcción, Ana Leiva, y el subdirector de la misma, José de Echave, junto al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz.
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Glave advirtió que el estudio de impacto ambiental, realizado por el Ministerio de Energía y Minas, no contempló las preocupaciones de las empresas Enel, que opera centrales hidroeléctricas con agua procedente del trasvase, y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que suministra agua a la capital.
“Ahora el agua se ve amenazada por la presencia de la minera. La relavera (donde se ubican los desechos de las minas) está al costado de este túnel, que abastece de agua a más de 10 millones de peruanos”, comentó Glave.
“Por estas razones no se puede mantener el proyecto y el Ministerio de Energía y Minas cometió un grave error al darle la autorización. Exigimos un nuevo estudio de impacto ambiental”, añadió.
Por su parte, Gilvonio señaló que el túnel trasandino está construido en una zona de humedales “y es altamente sísmico, lo que pasaría es la filtración de aguas ácidas”.
Asimismo, Leiva afirmó que los estudios de impacto ambientales no han sido suficientes porque “la mina es subterránea, y esto afectaría el nivel del agua de Lima”. “Pero no sabemos en qué medida porque no se han hecho las investigaciones adecuadas”, mencionó.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz recordó que la minera Southern Peaks, a cargo de la concesión minera Ariana, tiene malos antecedentes en la mina Quiruvilca, donde “dejó altos niveles de contaminación en las aguas”.
Asimismo, Sedapal ha expresado su preocupación por el posible impacto ambiental del proyecto en el abastecimiento del agua en Lima y se opone al mismo.
Southern Peaks Mining tiene previsto comenzar a extraer mineral a finales del primer trimestre del 2020 con una planta de procesamiento cuya capacidad será al inicio de 2.000 toneladas de mineral por día para pasar en 2021 a 3.000 toneladas por día.
La mina Ariana es un yacimiento de cobre, zinc, oro y plata que se encuentra a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar la provincia de Yauli, de la céntrica región de Junín, que es limítrofe a la región de Lima.
Lima ya pasó cuatro días consecutivos sin suministro de agua en 2017 cuando los constantes deslizamientos de tierra sobre el río Rímac por las intensas lluvias en la sierra andina impedían captar agua potable para la población, que hizo largas colas en depósitos para conseguir agua repartida en cisternas.
Fuente: EFE