Cristina Kirchner quedó a un paso de ir a juicio oral por los documentas históricos que secuestraron en su casa en el marco de la causa de los Cuadernos
de las Coimas. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento que el juez Claudio Bonadio dictó en este expediente donde se acusó a la ex presidenta del delito de encubrimiento, pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun decidieron modificar la calificación y se la procesó por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Allanamiento. En la casa de El Calafate de la ex presidenta Cristina Fernández de Fernández. Fue por los cuadernos de la coimas
Cuando la justicia allanó la propiedad de Cristina Kirchner en El Calafate, retiró 94 cajas con diferentes objetos de presunto valor. Entre ellos, se encontraba una carta que escrita en 1835 por el general José de San Martín y el prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen. El juez Claudio Bonadio la procesó por tener dichos documentos, al sostener que se obtuvieron de manera ilegal. Por ello, el magistrado la procesó por el delito de encubrimiento con un embargo de $ 100.000.
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La carta de San Martín y el documento de Yrigoyen que se entregaron bajo custodia al Archivo General de la Nación son “auténticos”, y la Justicia determinó que su adquisición fue de forma ilegal.
Cuando el juez Bonadio procesó a Cristino se refirió a la “tenencia irregular de ambos elementos“, lo que a su entender “constituye el objeto procesal” de la causa. Se detalló que lo secuestrado aplica a la categoría de “documentos históricos” en función de la definición de la ley que da creación al Archivos General de la Nación.
El prontuario data de 1906 y tiene más de 400 páginas. hipolito irigoyen ex presidente argentina prontuario policial
Uno de los documentos hallados durante los allanamientos por la causa de los cuadernos de las coimas es un prontuario del ex presidente radical, con las actividades desde el año 1906 al 1910, sin tapa, compuesto de 122 fojas, junto a un CD en un estuche que lleva la inscripción “Prontuario H. Yrigoyen digitalizado”.
El otro archivo es la carta que San Martín le escribió al líder independentista chileno Bernardo O’Higgins en 1835. Para la Justicia, la ex Presidenta no debía tener en su poder esos documentos y por eso, Bonadio la procesó.
En ambos casos se hizo referencia a su valor histórico y que no correspondía que se encuentren en la residencia de la ex presidenta. El juez subrayó que en tal caso, correspondía que se “denuncie al Archivo General de la Nación la tenencia de tales documentos”.
Junto a este planteo, se señaló que el punto relevante es la “procedencia ilícita de ambos objetos“. En primer lugar, Bonadio explicó que el prontuario debió haberse conservado en la Policía Federal Argentina como todos los de la época, “tal como lo sostuvo el Subcomisario de la División de Legajos”. Por otro lado, en relación al documento del General San Martín, indica la resolución: “La carta fue hurtada en 1981 en la República de Chile de un lote completo de correspondencia de San Martín a O´Higgins. Así lo informan con amplia certeza todos los historiadores especialistas en la materia”.
En este contexto, el juez indicó cuando se pidió que se investigue la tenencia de los documentos, que la carta “constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad, y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época”.
Al analizar el procesamiento, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal porteña indicaron que “no puede afirmarse con certeza la procedencia de ambos instrumentos, es decir, si la carta efectivamente integró el lote hurtado del Archivo Nacional de Chile en el año 1981, y si el prontuario hallado se encontraba o no a resguardo en la División Legajos Personales de la Policía Federal Argentina”.
Por tal motivo, decidieron modificar la calificación y dejar de lado la acusación por encubrimiento y procesar a Cristina Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que la ex mandataria no los inscribió ni informó de su tenencia como la Ley 15.930 indica.
“Los documentos históricos examinados, por su naturaleza, forman parte de la historia y, como tales, son considerados por la ley como patrimonio cultural de la sociedad y no deben ser atesorados en secreto para el usufructo personal. De allí que, tras su recepción, era no sólo esperable sino también ineludible que Fernandez de Kirchner informara al Archivo General de la Nación su tenencia, pues ello era una obligación expresa de la ley cuyo desconocimiento no puede alegar con éxito ni ampararse en una interpretación forzada de sus previsiones atento a la claridad normativa sobre el punto”, plantearon los camaristas.
Aún cuando la defensa de Cristina Kirchner indicó que la acusada “no sospechó ni podía sospechar que los documentos que le fueron obsequiados por el presidente de la Federación de Rusia y por un allegado al fallecido sacerdote tuvieren una procedencia ilegal”, se encuentra “suficientemente acreditado que tanto la importancia como el valor histórico de las piezas bajo examen eran circunstancias” que debían informarse e inscribirse.
Así, se respaldó el planteo de Bonadio que señaló que “no es factible concebir que la Doctora Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada , senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile”.