Tal vez por la repercusión -o la interpretación literal- de las declaraciones de Laura Alonso hace dos semanas, cuando en una entrevista periodística dijo que la Oficina Anticorrupción (OA) que ella
conduce no impulsaría causas judiciales que involucren a miembros del gobierno, ahora el organismo oficial acaba de hacer una jugada fuerte en sentido contrario: tal como ya habían hecho primero la querellante Unidad de Información Financiera (UIF) y este viernes el fiscal Franco Picardi, la otra OA también apeló la falta de mérito que el juez Martínez De Giorgi dictó sobre los empresarios socios de la constructora brasileña Odebrecht en la obra para soterrar la traza del tren Sarmiento. Entre ellos está el primero del presidente Macri, Angelo Calcaterra.
Como querellante, la Oficina Anticorrupción apeló la resolución que benefició a Calcaterra -ex titular de la firma Iecsa-, Jorge “Corcho” Rodríguez y el ex funcionario Nelson Lazarte.
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El organismo pidió que Calcaterra y Rodríguez sean procesados por cohecho activo, pues estiman que en el expediente está probado que participaron en el pago de sobornos para la adjudicación a la unión transitoria de empresas (UTE) Nuevo Consorcio Sarmiento (NCS) de una obra de soterramiento ferroviario.
Luego de la adjudicación existieron dos adendas que extendieron los plazos de la obra y le permitieron a la empresa obtener un importante anticipo.
“A lo largo del procesamiento se enumeran con detalle las distintas irregularidades que rodearon la licitación del soterramiento y que dan cuenta del direccionamiento de la licitación en favor de la UTE ganadora así como de las posteriores suscripciones de adendas contractuales destinadas a mantener esos beneficios espurios en favor de la UTE, pero como se expresara, para el juez la idea del cohecho solamente sobrevoló la causa; cuando claramente la prueba reunida verifica esa hipótesis delictual”, afirma el escrito de la OA.
La Oficina solicitó además que se procese a distintos integrantes de la UTE como partícipes necesarios de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública, dado que las maniobras que desde el Estado beneficiaron a los empresarios “se pudieron llevar a cabo porque existieron desde las distintas empresas que componían la UTE las acciones necesarias para que los ex funcionarios pudiesen actuar de la manera interesada en que lo hicieron”.
Por otra parte, el organismo pidió que el procesamiento por negociaciones incompatibles sea ampliado también a cohecho pasivo para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el asesor y supuesto testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex subsecretario de Coordinación de ese ministerio Roberto Baratta. También se pidió esta calificación para Lazarte.
La OA recordó que la empresa Odebrecht (una de las empresas que integra el consorcio) admitió el pago de coimas en Argentina y que a través de la empresa Sabrimol Trading, de “Corcho” Rodríguez, circuló dinero proveniente de cuentas offshore de Odebrecht.