La jueza de Nueva York Loretta Preska aceptó suspender el juicio en primera instancia contra la Argentina por la polémica expropiación de YPF en el 2012 a la espera de que
la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. decida si el juicio es competencia de la Justicia argentina o la norteamericana, según informaron fuentes del gobierno argentino.
Así la jueza Preska esperará la decisión de la Corte de su país antes de decidir si el estado argentino debe indemnizar a un fondo buitre en unos 1.800 millones de dólares por esa expropiación.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había dejado firme un fallo de primera instancia sobre este juicio millonario contra YPF y el Estado argentino tras la polémica expropiación de la petrolera en 2012 que impulsó la ex presidenta Cristina Kirchner.
La justicia norteamericana dejó firme el fallo de primera instancia -de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska- en el que se consideró que Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa y que el caso era competencia de la justicia norteamericana.
La causa se había iniciado por una demanda de la empresa Petersen, a la cual Cristina no le pagó ninguna indemnización por sus acciones en YPF y cuyo litigio luego fue comprado por el fondo buitre Burford Capital Limited.
“Es un proceso y hay que ir respetando los pasos. Y desde luego, acatarlos. Me refiero a que esto se apeló y no es el fin (de la causa), un rechazo, ni mucho menos: quedan recursos ante la propia Preska, la Cámara y la Corte Suprema de Estados Unidos”, agregó la fuente del gobierno argentino.
La decisión de la Corte de Apelaciones del país norteamericano se dio en el marco de una decisión todavía pendiente de la Corte Suprema de dicho país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, competencia solicitada por Argentina.
De esta manera, el máximo tribunal deberá decidir sobre tal cuestión, por lo que en enero pidió al Procurador de EE.UU., que depende Gobierno del presidente Donald Trump, su opinión al respecto.
El pedido había sido presentado empresas españolas que pertenecían al grupo Petersen al quebrar. “El caso fue presentado en 2015. Son dos empresas españolas que eran propietarias del 25% de las acciones cuando se nacionalizó. En el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debe darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso”, sostuvo un especialista.
“Al contrario, dijeron que iban a expropiar el 51% en manos de Repsol solamente. Eso es romper las leyes internacionales, por lo que Petersen perdió mucho dinero y defaulteó dos prestamos que había recibido la empresa de US$ 3.000 millones”, agregó el experto.
Según los cálculos personales del especialista, el valor que Argentina tendría que pagar, si pierde el juicio en EE.UU. asciende a “US$ 1.750 millones, más intereses”.
Paralelamente, el juez federal argentino Ariel Lijo investiga una denuncia sobre la expropiación que hizo la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.