Las palabras de este lunes de Mauricio Macri en la tradicional cena del Cippec, referida a los convenios laborales marítimos, es la nueva cruzada que tiene en carpeta el Presidente y
pone en tensión al sector. En la última “mesa logística”, reunida hace dos semanas y de la que el mandatario participó las dos horas que duró, le enrostró a dirigentes sindicales que tenían “la culpa” de la crisis del sector por seguir manteniendo la vigencia de convenios colectivos “que atrasan 60 años”.
Una radiografía del estado de situación del sector indica que desde los ’90 la Argentina no brinda transporte internacional fluvial bajo bandera argentina. Solo considerando el transporte de cereales se utilizan 3000 buques por año, que salen a distintas partes del mundo y ninguno es de armadores locales. Ni siquiera circulan muchos barcos buques nacionales por la Hidrovía. En la región, Paraguay es el país que encabeza el podio en el tráfico sobre el río Paraná: 200 a 1 es la proporción que manejan los gremios respecto a buques de nuestro país en esa vía marítima.
Las palabras de Macri en la cena apuntan al trabajo que está llevando adelante la Subsecretaría de Puertos que depende del ministerio de Transporte: el Ejecutivo quiere que los ocho gremios marítimos que conforman la operatoria de un buque rearmen un único convenio colectivo solamente para ayudar a captar inversores que hagan tráfico internacional.
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“Lo que está no se toca, esto es para abrir nuevos tráficos como puede ser la hidrovía y el transporte a Brasil, por ejemplo”, dicen desde la Subsecretaría. En tanto, los jefes sindicales reclaman lo suyo: afirman que el “Estado exige bajar convenios para bajar costos laborales, pero no bajan tributos”.
El tema medular para el Gobierno es que ese nuevo convenio colectivo que se arme cambie el régimen de francos vigente y lo que se paga por ellos: actualmente por cada día embarcado, el trabajador acumula un proporcional de 0,80 día de franco y cada día franco se paga al 95%. Para el Gobierno “esto es uno a uno porque el 80% no se cumple, es decir se necesita el doble de tripulación respecto a regímenes internacionales que tiene 2 días trabajados por uno de descanso o hasta 3 contra 1”.
También la Subsecretaría quiere que la hora de franco baje del 95% actual a un número en torno al 80%. Para el Gobierno, con solo modificar estos puntos, se bajan un 30% los costos operativos, “lo que mejora nuestra competitividad respecto a competidores extranjeros”.
¿Qué responden los gremios? Julio Insfrán, del gremio de Patrones de Cabotaje, arrima sus números: “En nuestro país pagamos 35% de Ganancias, 21% de IVA y 5% de Ingresos Brutos. Luego tenemos el impuesto al cheque, la ganancia mínima presunta y la carga tributaria en el combustible. En Paraguay solo pagan 10% de Ganancias y 10% de IVA; y para colmo cargan combustible libre de impuesto. Así no se puede competir; el Estado argentino es el que tiene que bajar impuestos“.
Y detallan, planilla de Excel en mano: “En noviembre de 2015 el costo de mano de obra era del 43% y, luego de tantas devaluaciones, hoy estamos en un impacto del 21,73%. En tanto, la evolución del combustible es al revés: a finales de 2015 era del 14% y ahora es el primer rubro si de costos hablamos: 29,37%. Y los impuestos y las tasas se llevan el 13,55%”.
El gremio de Capitanes de Ultramar, que lidera Marcos Castro, es la excepción a las palabras de Macri: es el único que readecuó el régimen de franquicias con la Federación Naviera a fines de 2018. Mantuvo el 0,80 pero bajó el 95% que se paga por franco a 80%. No obstante, Castro consideró, ante la consulta de Clarín, que “es imposible discutir competitividad así como están las cosas, porque no nos dan los números ya que la competencia internacional está totalmente desregulada: por ejemplo a un trabajador no le descuentan el 35% por Ganancias”. Y aclaró: “Es un error fijarse solamente en el coeficiente ya que para abordar la cuestión hay que tener una mirada integral”.
El Gobierno decidió en estos últimos días tomar la iniciativa en el ámbito laboral: este martes se tratará en las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado el proyecto de Blanqueo Laboral ingresado el viernes pasado. Y este lunes publicó un decreto que promete reforzar en 13.100 millones el sistema de obras sociales.
EP