Mientras la Justicia federal analiza el expediente donde fueron investigados los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno a través de la Oficina Anticorrupción (OA), se
sumó al pedido de reapertura de la causa donde el matrimonio fue sobreseído por el entonces juez Norberto Oyarbide.
Después de que Oyarbide confesó en la causa de los cuadernos de las coimas que en aquel expediente actuó coaccionado, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la reapertura de la investigación. En similares términos se pronunció ahora la OA que dirige Laura Alonso, pidiendo que se reabra el expediente.
Con todo su patrimonio cedido en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y con embargos e inhibiciones de bienes que alcanza toda su riqueza, diez años después se vuelve a discutir en los tribunales si Cristina Kirchner debe ser investigada por enriquecimiento ilícito.
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Según fuentes judiciales, el objeto de investigación podría ser aún más amplio, sumando otros delitos a la acusación contra la ex Presidenta ante una eventual reapertura del expediente, como el lavado de dinero, “el enriquecimiento es resultado de otras maniobras superiores”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
El juez Ariel Lijo tiene a cargo como subrogante el juzgado 5 que perteneció a Norberto Oyarbide. Allí, durante sólo cuatro meses, estuvo abierta la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner en 2009. Después de una pericia contable de la que participó el entonces contador de los ex presidentes, Víctor Manzanares, la causa se cerró y el magistrado a cargo sobreseyó al matrimonio.
La discusión sobre cómo investigó aquel expediente se reabrió en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, cuando Oyarbide admitió que actuó bajo supuestas presiones de los ex presidentes; del ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, y del operador judicial K Javier Fernández.
Esto fue retomado por la OA en su escrito, al señalar que la resolución dictada por el ex juez Oyarbide “ciertamente no había sido producto de una actuación objetiva e imparcial, sino de “presiones y violencias” ejercidas desde las máximas órbitas del poder”.
Recientemente, se sumó la confesión de Víctor Manzanares -ex contador de los Kirchner- aceptado como imputado colaborador por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas. En su indagatoria contó que Néstor Kirchner le pidió que se haga cargo de “manejar su pericia contable” y que lo envió a la SIDE, donde se encontró con Javier Fernández.
El contador relató que lo llevaron a la casa de Oyarbide y que le pidió que describa los hechos económicos de Kirchner que él conocía desde los 90. Oyarbide le ordenó que “debía ir a ver al Perito de la Corte, Dr. Peralta”, jefe del cuerpo de peritos de la Corte, quien a su vez lo derivó con otra especialista que ahora está bajo investigación.
El ex contador de los Kirchner confesó que “temía por el resultado de la pericia” porque la documentación de algunos de los actos económicos “no era suficientemente consistente desde el punto de vista legal, porque, por ejemplo, durante el año 2008 Néstor Kirchner había vendido aproximadamente 13 propiedades que se transfirieron a Austral Construcciones y Rudy Ulloa, y no estaban todas las escrituras y algunas eran copias simples”. No aseguró que hayan sido operaciones simuladas, “sí creo que la pericia fue laxa, fue liviana”, sentenció.
Dos días antes de que se haga público el fallo, Kirchner lo llamó “para avisarme que el resultado era bueno, que estaba sobreseído”. Todo transcurrió en cuatro meses. En este contexto, la Justicia ahora evalúa estos procedimientos y el corto plazo que duró la investigación.
El organismo que conduce Laura Alonso entiende que la causa debe ser reabierta. “Las declaraciones del ex contador revelan en forma precisa y circunstanciada una trama de coordinación criminal para obtener una pericia amañada y una resolución beneficiosa, en que se refiere con gran claridad la importancia de los funcionarios que intervinieron, sus roles dentro de la estructura del Estado, las conversaciones mantenidas, la secuencia en que fueron apareciendo en escena y los lugares en que se llevaron a cabo las diversas fases de la maniobra”, indicaron.
La semana pasada, el juez Lijo le tomó declaración testimonial a Eduardo Blanco Álvarez, ex auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Fue quien confeccionó un informe sobre las inconsistencias que detectó en el patrimonio de los Kirchner, pero nunca se incorporó al expediente que instruyó y cerró en pocos meses el ex juez Oyarbide.
Blanco había observado que el patrimonio que rondaba los 28 millones de pesos, hubo un incremento en un año de más de 24 millones que no tenía documentación que lo respalde. Coincide con el planteo de Manzanares, ya que las observaciones realizadas hablaban de falta de documentación sobre los inmuebles que vendió Néstor Kirchner a Rudy Ulloa y Lázaro Báez, como también algunas inconsistencias en los plazos fijos.
También observó la falta de certificados de un grupo de plazos fijos, lo que impide conocer sus movimientos en cuanto a dinero inicial e intereses.
Entre otros puntos, una deuda que los Kirchner tenían con Lázaro Báez por 8,3 millones de pesos, que Manzanares recomendó cancelar porque era difícil de justificar. Nada de esto fue tenido en cuenta en la causa.
La causa contra los ex presidentes se inició cuando se denunció que en 2008, los Kirchner habían declarado un aumento de su patrimonio del 158%. En 2003, Kirchner consignó un patrimonio de 6.851.810 pesos. En 2007, Cristina admitió bienes por 17.824.941 pesos. Un año después, el matrimonio declaró 46 millones de pesos.
En aquel entonces, los peritos de la Corte señalaron que el aumento de los bienes de Néstor “no se justificaba” con sus ingresos, pero Oyarbide se basó en un informe de Manzanares y archivó la causa. El fiscal Eduardo Taiano no apeló esa sentencia, pero luego se vinculó esa sorprendente decisión a un secuestro exprés que sufrió su hijo.