La Emergencia Nacional en materia de adicciones que Mauricio Macri decretó a fines de 2016 caducó el 31 de diciembre pasado. La norma genera rispidices con la Iglesia, que había sido
la principal promotora de la acción.
Macri la anunció en un acto en Olivos con gobernadores, especialistas y representantes de la Iglesia. El decreto ordenaba a la Sedronar que implementara un plan y los recursos necesarios para un abordaje más intensivo de la problemática.
En la práctica ya no rige emergencia en adicciones, según confirmaron a Clarín en el ministerio de Desarrollo Social. “Estamos trabajando para prorrogarla”, reconocieron cerca del titular de la Sedronar, Roberto Moro.
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Los curas agrupados en los hogares de Cristo, los espacios de contención para adictos que se reproducen en los barrios más postergados del país, sostienen que la Emergencia Nacional en adicciones tampoco había logrado los resultados esperados.
“La intensidad no es suficiente. La Sedronar es el órgano que puede juntar las voluntades y es importante el trabajo que hace, pero el progreso es insuficiente. Haría falta una mayor capacidad de trabajo en todo el territorio”, sostuvo el Padre José “Pepe” Di Paola, a cargo de un hogar en Villa La Carcova.
Los curas reivindican el trabajo del titular de la Sedronar y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “Hacen lo que pueden, reconocen”, pero apuntan al Gobierno y a los gobernadores por la falta de acciones conjuntas. Ya expresaron su malestar a través de todos los canales institucionales.
La lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes discursivos del Gobierno, pero la Iglesia denuncia que el esfuerzo en materia de seguridad -del que prefieren no opinar- no se enfoca en la rehabilitación y en la prevención.
“Creemos que hay fondos que deberían destinarse para la Emergencia. Hay acciones, pero no alcanzan par la magnitud del problema. Falta mayor cantidad de recursos, en muchos barrios no hay nadie”, dice Di Paola.
En el Congreso, se presentaron proyectos de distintos bloques en el Congreso, para legislar la emergencia, pero ninguno prosperó.
La caída del decreto y el funcionamiento de la Emergencia profundiza la tensión entre la Iglesia y la administración de Mauricio Macri. En los últimos días sumó un nuevo capítulo a raíz de la publicación del índice de pobreza multidimensional del observatorio social de la Universidad Católica, que arrojó casi el mismo número que el que dio a conocer el INDEC esta semana, en base a los ingresos.
“Nos preocupa la creciente afluencia a los comedores. Hay un síntoma de depresión en el país”, sentenció el presidente de la conferencia episcopal Oscar Ojea, máxima autoridad eclesiástica a nivel local, en una entrevista con la agencia Télam.