En épocas de vacas flacas, con presiones internas y externas para convocar a un paro, el Gobierno le hizo un guiño a la CGT: como un paso previo a la creación
de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluaciones Técnicas), la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) acordó con la central obrera protocolizar los medicamentos que se necesitan para el tratamiento de patologías de alta complejidad, una antigua demanda gremial porque implican un impacto económico altísimo para sus obras sociales.
Más allá de la proclama externa que viene del lado del moyanismo y otros gremios satélites que están en Frente Sindical para el Modelo Nacional, el jueves pasado, en la reunión de Consejo Directivo, hubo voces altisonantes, como la de Julio Piumato entre otros, que pidieron avanzar en un paro para abril. Fueron repelidos, y por lo tanto descartada cualquier medida de fuerza, por el núcleo que viene negociando con el Gobierno dinero fresco para las obras sociales.
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Este nuevo acuerdo que se cristalizará en una resolución no habla de dinero contante y sonante, pero ayuda a paliar el impacto en las arcas sindicales. La protocolización define los medicamentos que se necesitan para tratar la hemofilia, el cáncer de mama, la mieloma múltiple, la esclerosis múltiple, el cáncer de colon, HIV, Reumatología y la Hipertensión pulmonar. Todas estas patologías están contempladas en el programa SUR que maneja la SSS.
Por default, la protocolización acotará los tipos de medicamentos a suministrar en cada una de las enfermedades referidas. Por ejemplo, para el cáncer de mama se deberá usar: Fulvestran ($18.766), Lapatinib ($25.537), Pertuzumab ($44.918) y Trastuzumab-Emitansine que, de acuerdo a la evolución del tratamiento el medicamento, va de los $35.650 a los $54.617.
Los afiliados que se tratan estas enfermedades generan expedientes mediante los cuales las obras sociales reclaman la devolución a la Superintendencia. Esto implica mensualmente una operatoria de unos 775 millones de pesos solo para tratamientos de alta complejidad.
Sebastian Neuspiller, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El alcance de la medida impacta sobre distintas variables. Explica Sebastián Neuspiller, superintendente de Salud: “Primero y antes que nada esta protocolización busca equidad ya que un paciente de Chaco recibirá la misma medicina que uno de Chubut y otro de Capital Federal”. Sigue: “Por otro lado, y ante los amparos judiciales que presentan los afiliados, esta protocolización es una herramienta que dispone el juez a la hora de fallar si corresponde o no otorgar a un paciente un medicamento que pide vía judicial porque la obra social se lo negó”.
Dato: aunque la protocolización no es vinculante, la SSS y los sindicatos quieren que forme parte del expediente judicial como una herramienta que ayude a tomar decisión a un juez respecto de validar un tratamiento distinto. En cambio, cuando se cree la AGNET, que será un capítulo dentro del articulado que contenga el blanqueo laboral que el Gobierno enviará al Parlamento, sí será vinculante ya que un juez deberá dar vista a la opinión de este cuerpo colegiado y deberá acatar su resolución.
La protocolización empezará a ayudar a acotar desmadres económicos; pero hay otros ítems por los que pelea la CGT si de fondos hablamos. Por un lado el Fondo de Redistribución Solidaria (FRS) recibirá 5.500 millones de pesos provenientes del juicio a OSDE.
A su vez, esperan que vayan al FRS otros $ 3.000 millones de pesos que son los intereses del Bonar 2020: cuando asumió Mauricio Macri una de las primeras medidas que tomó fue blanquear la deuda de $30.000 entre la SSS y las obras sociales. De ese total, 14.000 millones se invirtieron en Bonar 2020 que dieron esa cantidad de intereses.