La dictadura militar y sus encubridores -voluntarios o no- perdieron este martes una última batalla, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó desclasificar y
difundir todos los decretos secretos firmados durante el régimen de facto. Este cronista venía reclamándolo desde 2009 ante la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y a partir de 2011 en la justicia, frente a la pertinaz resistencia del gobierno de Cristina Kirchner. Con el voto de tres de sus jueces, el máximo tribunal dio otro paso clave en la pelea por el acceso a la información pública.
La investigación periodística había comenzado en la primavera de 2008, cuando un análisis de las actas oficiales remitidas por Legal y Técnica al Archivo General de la Nación reveló -con número y año- el detalle de los decretos originales cuyo texto no se enviaba a ese archivo por tratarse de “secretos o reservados”. Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, los sucesivos dictadores habían firmado 478 de estas normas.
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Bajo el débil paraguas del decreto 1172 firmado por Néstor Kirchner -la primera herramienta legal que consideró el derecho de acceso a la información pública en el país-. este periodista presentó un pedido para conocer el contenido de aquellos decretos. Además de saldar una oscura deuda histórica, el reclamo también ponía a prueba el relato oficial respecto al rechazo del régimen militar y de todas sus consecuencias, edificado desde la cima del poder K.
Grande fue la sorpresa -proporcional al tamaño de la potencial noticia- cuando el pedido fue rechazado por el equipo de abogados que conducía Carlos Zannini, amparándose en supuestas trabas legales justificadas en la “seguridad nacional”. La perplejidad se convirtió en estupor, ante la reiteración de esos argumentos por carriles formales e informales, orales y escritos.
En 2011, y con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), comenzó la batalla legal para lograr la desclasificación de los decretos secretos. Se inició la causa 19.263/2011: “Savoia Claudio Martín contra el Estado Nacional-Secretaría Legal y Técnica.” Una acción de amparo que tuvo respuesta a los pocos meses, el 5 de octubre de 2011, bajo la pluma de la jueza María Alejandra Biotti. Su sentencia es simple: la publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los pilares de todo gobierno republicano, el derecho a la información está consagrado en la Constitución y en tres tratados internacionales que también poseen rango constitucional, y en este caso no hay motivos de peso o gravedad suficientes para soslayar tan importantes principios.
El Estado tenía diez días para exhibir de una vez los documentos requeridos, pero en cambio apeló aquel fallo, bajo razones de “seguridad estatal” y “defensa” tal como las esgrimían los militares; admitió la existencia de un “estado de necesidad como excepción a la aplicación del principio de publicidad de las leyes”, y justificó la negativa para divulgar los decretos en “la inexistencia de norma alguna que autorice su publicación sin incurrir en incumplimientos de orden administrativo”. El escrito mentaba el “Reglamento para la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo” , de 1966.
El planteo llegó a la Corte en 2013, y giró por sus despachos hasta la sentencia de este jueves. Mientras tanto, ante la posibilidad de un revés en el máximo tribunal, en 2012 Cristina Kirchner desclasificó los decretos secretos escondidos durante todo el siglo XX, y los fue publicando en el Boletín Oficial en forma desordenada. Pero en aquel fárrago dejó en la oscuridad a varias de las normas de la dictadura, sin explicación ni argumento alguno. La jugada fue aceptada por la Procuración General de la Nación que conducía Alejandra Gils Carbó, para cuyos abogados tras esa “desclasificación” el planteo del este periodista se había convertido en abstracto, y merecía ser archivado.
No fue lo que entendieron los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes firmaron la sentencia que ordena a la Cámara de Apelaciones que exija al Gobierno la rápida divulgación de los decretos de la dictadura que aún permanecen bajo secreto, y que en cualquier caso analice y “contemple las condiciones que deberá observar el Estado en caso de que la solicitud de acceso sea rechazada, en orden a proporcionar una respuesta debidamente motivada en las normas vigentes, sujeta a control judicial, que sea suficiente para justificar una restricción razonable al derecho de acceso a la información”. Es decir que, aún si hubiere algún decreto que el gobierno busque mantener bajo reserva por razones de Estado -referidos a Malvinas, por ejemplo- debe someter ese criterio a la aprobación de la justicia.
“El derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación”, dicen los cortesanos en su sentencia, en la que se excusaron de participar los jueces Carlos Rosenkrantz y Elena Highton. Los otros tres magistrados consideraron que, “absolutamente insuficiente desde su formulación inicial, la conducta del Estado devino aún más cuestionable con el dictado del decreto 2103/2012. Como ya se señaló, todavía existen decretos que no fueron revelados y permanecen clasificados como ‘secretos’. No ha habido, sin embargo, un acto formal y explícito del Estado que disponga y explique a la sociedad las razones especiales por las cuales esas normas continúan siendo secretas, a pesar de la desclasificación decretada con carácter general.”
El fallo de este jueves además recuerda otro principio clave, ya expuesto en una sentencia anterior y ratificado por la ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2012, según el cual “la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”. El máximo tribunal reiteró que no es necesario ser periodista ni esgrimir ninguna otra razón o legitimación para reclamar el derecho constitucional a recibir información del Estado.
Aunque suene elemental, ese principio es discutido diariamente en la Argentina. El extremo kirchnerista de extender el oscurantismo hasta proteger a la dictadura militar es apenas un grotesco que no debe soslayar la pelea por restricciones más pequeñas pero igualmente intolerables, como la reciente negativa del gobierno de Mauricio Macri a difundir la agenda presidencial en la Quinta de Olivos, ante un reclamo de Poder Ciudadano.